El archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado desató una ola de tensiones en el panorama político colombiano. Múltiples congresistas denunciaron amenazas y presiones después de que la mayoría de la comisión decidiera archivar el proyecto impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Amenazas contra congresistas
La senadora Nadia Blel expresó su preocupación por la seguridad de los legisladores tras recibir amenazas a través de redes sociales y otros canales.
“La Comisión Séptima del Senado actuó con valentía pese a los mensajes amenazantes en redes sociales, canales institucionales y personales. Estas amenazas ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”, afirmó Blel.
Por su parte, la senadora Esperanza Andrade denunció el hostigamiento que sufrió después de la decisión.
“El presidente Petro inició una estrategia de presión y violencia contra quienes no apoyamos la reforma”, declaró Andrade.
Según ella, el mandatario incentivó señalamientos contra los congresistas que votaron en contra.
“El presidente Petro empezó a hostigar y generar violencia”: senadora Esperanza Andrade, de la Comisión Séptima, advirtió por presiones por cuenta del hundimiento de la reforma laboral. ⬇️ pic.twitter.com/llP45iAtHt
— El Colombiano (@elcolombiano) March 18, 2025
Asimismo, la senadora Norma Hurtado respondió a los cuestionamientos sobre su postura frente a la reforma laboral. “A quienes insisten en cuestionar mi votación, quiero decirles que no estoy aquí para aplaudir ni para contradecir ciegamente”, manifestó.
Reacciones tras el archivo de la reforma
La Comisión Séptima del Senado decidió archivar la reforma laboral con ocho votos a favor y seis en contra. Esta decisión generó una fuerte reacción del Ejecutivo. En respuesta, el senador Fabián Díaz presentó un recurso de apelación para revocar la decisión y llevar el debate a la plenaria del Senado.
Mientras tanto, el presidente Petro anunció el inicio de una campaña para que la reforma laboral llegue a una consulta popular. Argumentó que la ciudadanía debe decidir sobre su aprobación. Durante un acto público en la Plaza de Bolívar, el mandatario acusó a los congresistas de traicionar al pueblo por intereses personales.
La controversia también se trasladó a las calles. En varias ciudades, sindicatos, estudiantes e integrantes de comunidades indígenas protagonizaron manifestaciones en respaldo a la reforma.
En medio de este clima de tensión, el Congreso aumentó las medidas de seguridad para los legisladores. Especialmente aquellos que denunciaron amenazas tras la votación. La situación sigue en desarrollo. En los próximos días se conocerán novedades sobre la apelación y la posible consulta popular impulsada por el gobierno.
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