El presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan de choque para fortalecer la seguridad en Boyacá, con medidas dirigidas a combatir la presencia del ELN y el Clan del Golfo, frenar las economías ilegales y mejorar el control de las zonas limítrofes del departamento. La estrategia también contempla una apuesta tecnológica: Boyacá será el primer departamento del país donde se implementará un proyecto piloto de vigilancia interconectada para monitorear municipios y carreteras.
Las decisiones fueron anunciadas el lunes 9 de noviembre de 2026, al finalizar un Consejo de Seguridad realizado en Tunja, en el que participaron la cúpula militar y policial, junto con los comandantes departamentales de la Fuerza Pública. Durante la reunión se analizaron las principales amenazas contra la población y se definieron acciones que, según el mandatario, ya comenzaron a ejecutarse.
Uno de los asuntos que concentró la atención del Gobierno fue la movilidad de organizaciones criminales desde territorios vecinos. De acuerdo con el presidente, parte de los problemas que enfrenta Boyacá está relacionada con las actividades ilegales que se desarrollan fuera del departamento y que pueden extenderse a través de sus corredores de conexión.
“Paradójicamente, los problemas de Boyacá no son de Boyacá, vienen de otros departamentos, con los que este maravilloso departamento es limítrofe”, afirmó De la Espriella.
Seguridad en Boyacá: reforzarán corredores estratégicos
A partir de este diagnóstico, el Gobierno ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las zonas limítrofes y aumentar los controles en un corredor de más de 434 kilómetros, considerado dentro de la estrategia para enfrentar las amenazas provenientes de otros territorios.
Entre los riesgos identificados durante el Consejo de Seguridad se encuentran el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la presencia del Clan del Golfo y las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilícita.
El plan también contempla acciones contra las estructuras financieras de las organizaciones criminales, con el propósito de intervenir las actividades económicas que sostienen sus operaciones.
“He dado instrucciones muy concretas, claras y específicas en materia de seguridad. Vamos a fortalecer el control de los corredores estratégicos y de las fronteras departamentales, aumentar las acciones contra la minería ilícita, el narcotráfico y las finanzas criminales”, manifestó el mandatario.
Las órdenes incluyen reforzar la presencia militar y policial donde se hayan identificado amenazas contra las comunidades.
Boyacá tendrá un sistema piloto de vigilancia interconectada
Mientras la Fuerza Pública avanza en las medidas de control territorial, el Gobierno también busca fortalecer la capacidad de vigilancia mediante herramientas tecnológicas. Para ello, el presidente anunció que Boyacá será el escenario del primer proyecto piloto nacional de sistemas de vigilancia interconectados, una iniciativa orientada a mejorar el monitoreo de municipios, autopistas y corredores estratégicos.
El Ministerio del Interior tendrá un papel central en el desarrollo de esta estrategia, que contempla priorizar la videovigilancia y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en Tunja.
“El Ministerio del Interior va a priorizar la videovigilancia de municipios y autopistas y el sistema de control y monitoreo en Tunja. Vamos a iniciar en el departamento de Boyacá”, explicó De la Espriella.
El anuncio incluye compromisos específicos para otros municipios. En Ramiriquí se avanzará en la cofinanciación de cámaras de seguridad, mientras que en Cuitiva se fortalecerá el parque automotor de la Policía para mejorar sus capacidades operativas.
Con estas intervenciones, el Gobierno pretende ampliar las herramientas disponibles para detectar posibles amenazas y facilitar la respuesta de las autoridades ante situaciones que comprometan la seguridad ciudadana.
El plan también enfrentará delitos que afectan a las familias
La estrategia anunciada en Tunja no estará limitada a las organizaciones armadas ilegales. El Consejo de Seguridad también abordó situaciones que afectan directamente la convivencia en los municipios, entre ellas la violencia intrafamiliar, el microtráfico en espacios públicos y los préstamos ilegales conocidos como gota a gota.
Sobre la violencia intrafamiliar, el mandatario señaló que los indicadores han aumentado y relacionó esta situación con una mayor disposición de las mujeres a denunciar las agresiones.
“Se han subido los índices, pero porque ahora las mujeres denuncian más, antes no se atrevían a hacerlo, lo cual celebro, y estamos aquí precisamente para ayudarlas”, expresó.
En cuanto a los préstamos ilegales, De la Espriella calificó el gota a gota como una nueva forma de esclavitud y anunció medidas para enfrentar esta práctica. Las acciones también estarán dirigidas al microtráfico en lugares públicos, dentro de los esfuerzos por recuperar la tranquilidad de las comunidades.
Gobierno anuncia mayores controles en la cárcel de Cómbita
Otro de los puntos abordados durante la jornada fue la situación penitenciaria del departamento, particularmente en la cárcel de Cómbita.
El presidente anunció que se reforzarán los controles en este establecimiento y solicitó al gobernador y a los alcaldes identificar a las personas privadas de la libertad que sean oriundas de Boyacá, con el propósito de gestionar su traslado a cárceles ubicadas en otras regiones del país.
De la Espriella justificó esta decisión al advertir sobre la necesidad de impedir que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para mantener o fortalecer actividades delictivas.
“Las cárceles no pueden seguir convirtiéndose en universidades del crimen”, afirmó.
¿Qué sigue para la seguridad en Boyacá?
Con el plan de choque anunciado, las siguientes acciones estarán concentradas en ejecutar los controles territoriales ordenados por el Gobierno y avanzar en los compromisos tecnológicos establecidos durante el Consejo de Seguridad.
El presidente insistió en que las medidas buscan proteger tanto a las familias como a quienes desarrollan actividades comerciales y económicas, especialmente frente a delitos como las amenazas y la extorsión.
“Que el ciudadano de a pie pueda vivir con tranquilidad. Que pueda tener una vida sosegada. Que no tenga que pedirle permiso a nadie para abrir el negocio. Que no tenga que pagar extorsión”, expresó.
Por ahora, el Gobierno ha confirmado la puesta en marcha del plan, pero todavía están pendientes los detalles sobre los recursos, los plazos de implementación del sistema tecnológico y los resultados de las operaciones anunciadas. Estos elementos permitirán conocer el alcance de las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad en Boyacá.
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