En una audiencia que se extendió por más de seis horas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con el contrato del lote Aguas Vivas, ubicado en El Poblado. El juez de control de garantías suspendió la diligencia y anunció que el próximo 21 de abril a las 2:30 p.m. tomará una decisión sobre si la imputación presentada por la Fiscalía cumple con los requisitos legales para continuar el proceso. En caso contrario, exigirá que se reformule desde cero.
Fiscalía acusa a Quintero de modificar uso del suelo
La Fiscalía acusó a Quintero de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Según el ente acusador, él participó en la expedición de un decreto que modificó el uso del suelo del lote Aguas Vivas. Esa decisión, según la Fiscalía, permitió que el predio aumentara su valor y se abriera la posibilidad de su venta a privados, aunque se trataba de un bien que había ingresado al Distrito como cesión obligatoria en 2019.
La fiscal del caso, Yarcely Mena Benítez, explicó que la conducta punible de peculado se agravó porque el valor apropiado superó los 200 salarios mínimos mensuales vigentes en 2022. La suma asciende a 42.719 millones de pesos, según el último avalúo. Además, señaló que los responsables intentaron justificar un pago de 42.000 millones de pesos por un bien que ya era propiedad del Distrito.
El proceso involucra a once personas. Entre ellas están varios exfuncionarios de la administración de Quintero y empresarios vinculados con el lote Aguas Vivas. Las autoridades imputaron a Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Fabio Andrés García Trujillo, Alethia Carolina Arango Gil, Sergio Andrés López Muñoz y Leidy Jiménez Echavarría. También incluyeron a los empresarios José Fernando Rueda Salazar, Juan Diego de Jesús Moreno Barón y Juan Manuel Villegas Márquez.
Las exfuncionarias Vanessa González y Yina Marcela Pedroza Gómez no recibieron imputación durante la audiencia. La ausencia de sus defensores impidió que el proceso avanzara contra ellas. La Fiscalía deberá decidir si convoca una nueva audiencia para imputarlas formalmente.
Defensa alega falta de claridad en la imputación
Durante la audiencia, los abogados defensores argumentaron que la Fiscalía no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por la ley para imputar cargos. Afirmaron que los hechos punibles no se detallaron con claridad. Además, aseguraron que no se explicaron de forma precisa los contratos que supuestamente se manipularon.
También señalaron que algunos delitos, como el peculado por apropiación y el prevaricato, no se sustentaron con hechos concretos. Por esa razón, dijeron que se dificultó ejercer adecuadamente el derecho a la defensa.
Quintero denuncia persecución política
Daniel Quintero se pronunció a través de su cuenta de X, donde reiteró su denuncia de persecución política. Cuestionó la actuación de la Fiscalía de Medellín y calificó la presentación de la fiscal como vergonzosa.
“Esto es una persecución política para sacarme de la Presidencia. No podrán”, escribió el exalcalde.
La presentación de la Fiscal ha sido una vergüenza. Quedó en evidencia que esto es una persecución política para sacarme de la Presidencia. No podrán.
— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) April 9, 2025
En otro mensaje, criticó que la Fiscalía intentara imputar a quienes, según él, denunciaron las irregularidades en el contrato. También señaló que el contrato se firmó durante la administración de su antecesor, Federico Gutiérrez, y no durante su mandato.
“Una fiscal enredada tratando de explicar lo inexplicable”, dijo Quintero.
El exmandatario afirmó que la imputación no tiene solidez jurídica. Añadió que el proceso evidencia un uso político de la justicia.
“La gente no es boba. Si una audiencia contra un candidato presidencial se desarrolla con este nivel de pobreza, qué puede esperar la gente del común”, publicó.
El juez anunció que el 21 de abril decidirá si valida la imputación o exige que la Fiscalía la reformule. Mientras tanto, el caso Aguas Vivas continúa siendo un foco de tensión en el escenario judicial y político. La controversia podría incidir en la campaña presidencial del exalcalde.
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