El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Reiteró el 9 de abril que el Gobierno nacional no tiene intención de reactivar la aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos. “Eso es falso”, aseguró durante una rueda de prensa. En respuesta a los rumores que circulan en distintos sectores del país.
Desde 2015, el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió esta práctica y en 2017 la Corte Constitucional ratificó la decisión. Reafirmando la necesidad de consultas previas con las comunidades afectadas. La Corte además dejó claro que el uso del glifosato en aspersión aérea no está completamente prohibido, pero requiere el cumplimiento de exigencias sanitarias y ambientales específicas. El ministro aseguró que el enfoque actual. Se basa en la sustitución voluntaria y el desarrollo integral de los territorios más afectados por los cultivos ilícitos.
Glifosato en erradicación terrestre: solo si la comunidad lo aprueba
El proceso de contratación para comprar glifosato. Que abrió la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional el pasado 26 de febrero encendió la polémica. Aunque ese contrato responde a compromisos adquiridos previamente, diferentes sectores interpretaron la acción como una señal del regreso a las fumigaciones forzadas. Pedro Sánchez aclaró que el herbicida solo se usaría en erradicación terrestre. Exclusivamente en zonas donde las comunidades estén de acuerdo y participen del proceso.
“El glifosato puede acelerar hasta siete veces la erradicación manual. Pero lo aplicamos únicamente cuando existe una decisión voluntaria de los campesinos”, explicó el ministro.
Además, el contrato incluye una cláusula que permite suspender el suministro del químico. Si el Gobierno considera que la sustitución avanza satisfactoriamente.
La estrategia del Gobierno busca afectar las economías del narcotráfico sin criminalizar a los campesinos que cultivan hoja de coca por necesidad. El presidente Gustavo Petro sostiene que la erradicación forzada solo provoca desplazamientos, pobreza y conflictos con las comunidades que viven en zonas cocaleras.
¿Glifosato?
🧵 Hilo – Parte 1
Intervención rueda de prensa 9 abril 2025, 12:00 horas.
El principal desafío es acelerar la sustitución voluntaria de cultivos mediante el pago por erradicación voluntaria, tal como lo ha instruido el Presidente de la República @petrogustavo, y… pic.twitter.com/xbzgjkK8zR
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 9, 2025
“El objetivo es volver rentables los cultivos lícitos y transformar los territorios” con inversión social, educación, infraestructura y acceso a mercados, señaló el ministro Sánchez. La Policía Nacional ha erradicado manualmente 1.157 hectáreas en lo que va del año. Y continúa operando el Programa de Erradicación Terrestre (PECAT) con licencia ambiental. Este programa funciona como herramienta complementaria y debe ejecutarse únicamente tras acuerdos comunitarios previos.
Crecen los cultivos de coca en el Pacífico colombiano
Datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Revelan que Colombia alcanzó un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023. La cifra representa un aumento del 10% con respecto al año anterior, y preocupa especialmente el crecimiento registrado en la región del Pacífico.
Departamentos como Cauca, Nariño y Chocó concentran un gran número de hectáreas sembradas con coca, muchas de ellas en zonas protegidas o de manejo especial. Aproximadamente el 48% de los cultivos se encuentra en territorios donde se requieren procesos de consulta previa. Lo que dificulta cualquier intervención sin concertación. Esta situación representa uno de los mayores desafíos para el avance de la política de sustitución voluntaria y transformación territorial.
El ministro aseguró que no existe un cortocircuito dentro del Gobierno. Afirmó que el presidente Petro respalda completamente el enfoque actual basado en acuerdos con las comunidades.
“Queremos que la sustitución funcione tan bien que no sea necesario usar el glifosato. Si se emplea, será solo con autorización de las comunidades”, concluyó.
Mientras tanto, las acciones contra el narcotráfico avanzan desde otros frentes: este año se han incautado 228 toneladas de droga y se han destruido 1.852 laboratorios ilegales.
La Fuerza Pública también ha extraditado a 86 narcotraficantes. Utilizando inteligencia, operaciones especiales y presión sostenida contra las estructuras del crimen organizado. La política antidrogas del gobierno sigue enfocada en salvar vidas, garantizar derechos y construir una paz duradera desde el campo colombiano.
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