La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión en primera instancia y destituyó e inhabilitó por 15 años a cinco militares del Ejército Nacional. Estos militares participaron en una operación en la que murió un indígena en la vereda La Laguna. Ubicada en el municipio de Corinto, Cauca. La determinación fue emitida tras un exhaustivo proceso investigativo que comprobó las faltas cometidas durante la operación.
Sancionados los responsables de la operación
Los sancionados son el sargento segundo Carlos Alberto Álvarez Rodríguez, el cabo segundo Andrés Mancipe Valderrama. Y los soldados profesionales Jhojan Arley Velásquez González, Yeison Mahecha Buitrago y Gustavo Enrique Molina Muñoz. Todos ellos forman parte del Batallón de Alta Montaña No. 8 del Ejército Nacional. La Procuraduría actuó en este caso al considerar que estos cinco militares infringieron la normativa que regula el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.
En fallo de primera instancia, la @PGN_COL destituyó e inhabilitó por 15 años a 5 miembros del @COL_EJERCITO
que participaron en una operación durante la cual murió un indígena en la vereda La Laguna del municipio de Corinto (Cauca).👉 https://t.co/f4t6X8jfuN pic.twitter.com/q193ugDJZZ
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 27, 2025
La Procuraduría determinó que los cinco militares hicieron un uso innecesario, desproporcionado e irracional de sus armas de dotación. Este comportamiento contravino su deber de proteger a la comunidad indígena. Se estableció además que el arma hallada junto al cuerpo del indígena nunca fue disparada. La misma se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, lo que refuerza la conclusión de que no existía justificación para el accionar militar.
Violación a los derechos humanos y humanitarios
El fallo de la Procuraduría calificó la actuación de los cinco militares. Como una grave violación a los principios de distinción y protección establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Según el organismo, los militares incumplieron el objetivo principal de la operación, que debía centrarse en la protección de la vida e integridad de los habitantes del corregimiento Media Naranja.
La decisión tomada por la Procuraduría puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. De esta forma, se abre la posibilidad de que los involucrados en el caso presenten sus argumentos y se revise la resolución adoptada en primera instancia.
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