Aunque el Senado aún no recibe el texto de la convocatoria a la consulta popular, el presidente Gustavo Petro advirtió que la convocará por decreto si el Congreso no la aprueba en 30 días. Petro anunció esta iniciativa en marzo de 2025. El objetivo es que los ciudadanos decidan sobre reformas clave como la laboral y la de salud. El Congreso ha bloqueado estos proyectos, y por ello el Gobierno activó una estrategia de movilización social.
Dicha estrategia incluye el Día del Trabajo del 1 de mayo como una plataforma principal. Desde entonces, diversos sectores oficialistas han empezado a organizar marchas y eventos. Las piezas gráficas con mensajes de apoyo circularon por redes sociales institucionales. Ministerios y entidades públicas han impulsado actividades y comités en diferentes regiones.
“Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria a Consulta Popular. Si se hace la consulta y gana el sí, en el umbral que dice la norma, entonces el Congreso tiene dos periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la… pic.twitter.com/7N3tIOlPSs
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 29, 2025
Movilización indígena masiva con recursos públicos
Más de 20.000 indígenas llegaron a Bogotá en los últimos días, y muchos se alojaron en predios de la Universidad Nacional. La oposición denunció que el Gobierno facilitó esta movilización con fondos públicos. Según cifras oficiales, la ONIC ha recibido contratos estatales por $95.178 millones durante la administración Petro. En total, las comunidades indígenas han recibido $405.000 millones en contratos hasta abril de 2025, incluyendo al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El Ejecutivo destinó estos recursos a temas como educación, fortalecimiento cultural y consulta previa. Sin embargo, varios congresistas han señalado que estos contratos podrían usarse para movilizar apoyo político.
Indígenas ocuparon edificios como el auditorio León de Greiff en la Universidad Nacional. Autoridades del campus aseguraron que la situación permaneció pacífica. Sin embargo, estudiantes y profesores denunciaron bloqueos y restricciones de acceso. Varios testimonios describieron intimidaciones, e incluso la presencia de machetes y bastones. La Guardia Indígena los portaba como símbolos de autoridad. La situación generó preocupación en un ambiente ya polarizado por el debate nacional.
La senadora María Fernanda Cabal denunció contratos con la ONIC que permitieron contratar a 117 personas. Entre ellos se incluye un asesor espiritual que ganó $80 millones en ocho meses. También contrataron asesores políticos por $76 millones y delegados indígenas con sueldos similares. Estas cifras despertaron inquietudes sobre el uso de recursos públicos con fines proselitistas.
#DanzaDeLosMillones Este contrato suscrito con el Ministerio del Interior en 2023 permitió la contratación de 117 personas entre las que están un asesor espiritual que en 8 meses se ganó $80 millones de pesos; unos delegados indígenas cada uno por una valor de $80 millones de… pic.twitter.com/Wg8vkqUag4
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 20, 2025
El Ministerio del Interior lanzó una plataforma para que los ciudadanos postulen preguntas para la consulta. Esta plataforma empezó a operar antes de que el Congreso la aprobara. Además, funcionarios del Ministerio del Trabajo y otras entidades se desplegaron para promover la iniciativa. Un funcionario del MinTrabajo, que pidió reserva, afirmó que desde Presidencia les dan instrucciones directas. Incluso la UNP, sin relación directa con la consulta, participa en actividades de promoción.
Cargos públicos, días cívicos y gasto multimillonario
El Gobierno decretó días cívicos, como el 18 de marzo, para facilitar la participación en la movilización. La Contraloría General advirtió que la consulta podría costar entre $500.000 y $700.000 millones. El contralor Carlos Hernán Rodríguez expresó preocupación por el impacto fiscal del proceso. Afirmó que la consulta generaría presiones sobre recursos ya comprometidos con salud, educación y seguridad.
La CRC negó la solicitud de la Presidencia para emitir un espacio televisivo sobre la consulta. Petro acusó a la entidad de incurrir en irregularidades. Ordenó a su equipo jurídico presentar una apelación. El presidente defendió la publicidad como un ejercicio democrático legítimo.
Analistas consideran que la consulta busca algo más que aprobar reformas. Petro intenta medir fuerzas con la oposición, consolidar su base social y organizar apoyo regional. Esta estrategia apunta también a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
La Procuraduría abrió investigaciones por posible clientelismo, aunque aún no existen pruebas concluyentes. La opinión pública y los órganos de control siguen vigilando los contratos y el despliegue institucional. El país debate si este proceso refleja una legítima movilización social o una campaña oficial financiada con recursos del Estado.
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