La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones al ministro de Defensa. Pedro Arnulfo Sánchez, sobre la escalada de ataques contra miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esta violencia se desató en el contexto de la suspensión de operaciones militares contra algunos grupos armados ilegales, tras la expedición del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025. El Procurador Delegado para la Acción Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta, realizó este requerimiento este lunes.
Ola de violencia contra uniformados
La Procuraduría advirtió que las acciones violentas contra los miembros de la Fuerza Pública afectan gravemente la institucionalidad democrática. También señalan que estas agresiones debilitan la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Y erosionan la confianza de los ciudadanos en el orden público y la convivencia pacífica.
Los recientes hechos de violencia incluyen, entre otros. El asesinato de dos policías en Simití, Bolívar, y de uno más en Tarazá, Antioquia. También se reportó el asesinato de seis policías durante la Semana Santa. En las localidades de Salgar, Chigorodó y Apartadó (Antioquia), Cartagena y Lourdes (Norte de Santander). Además, dos miembros del Ejército Nacional fueron asesinados en el Cauca, en un crimen de modalidad sicarial.
El 25 de abril se registraron ataques en Tarazá y Remedios (Antioquia) contra la Policía. Un atentado ocurrido el 26 de abril en Guaviare, contra el Batallón Joaquín París. Dejó varios muertos y un soldado desaparecido. El ataque fue atribuido al GAO-r “Jorge Suárez Briceño”, una disidencia de las FARC. Liderada por alias “Calarcá”, con la que el Gobierno mantiene suspendidas las operaciones militares ofensivas por el Decreto 0448.
La @PGN_COL hizo requerimiento al ministro de Defensa relacionado con la ola de violencia en la que miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados a manos de las organizaciones criminales, contra las cuales se ordenó suspensión de acciones militares.
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Cuestionamientos al Decreto 0448
La Procuraduría expresó su preocupación por la vigencia del Decreto 0448, que suspende las operaciones militares ofensivas y especiales de Policía contra ciertos grupos armados. Este decreto es parte de los compromisos adquiridos en el marco de las negociaciones con el Estado Mayor Central de las FARC-EP. El ente de control cuestionó si el Gobierno ha considerado modificar o revocar dicho decreto. Ya que los recientes hechos de violencia podrían demostrar el incumplimiento de los compromisos asumidos por los grupos armados, lo que representaría una violación al derecho internacional humanitario.
La Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa un informe oficial en un plazo máximo de tres días hábiles. El informe debe incluir información detallada sobre las circunstancias de los hechos violentos mencionados. También deben detallarse los criterios técnicos y jurídicos que se han implementado para proteger a los miembros de la Fuerza Pública.
La Procuraduría pidió además detalles sobre las acciones tomadas en respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Y los parámetros establecidos para la investigación criminal. También exigió información sobre los mecanismos de análisis de riesgo implementados por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, así como las estrategias de coordinación interinstitucional implementadas en las zonas de alta vulnerabilidad.
Este requerimiento se enmarca en las funciones constitucionales y legales de la Procuraduría, que están orientadas a salvaguardar el interés general. Asimismo, se busca anticipar decisiones que puedan comprometer la legalidad de la actuación administrativa. Y garantizar los derechos fundamentales en el servicio público de seguridad y defensa nacional. La Procuraduría se mantiene vigilante para asegurar que las medidas adoptadas para proteger a la Fuerza Pública sean adecuadas y eficaces.
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