Una jueza penal del Circuito de Bogotá condenó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cinco años, ocho meses y un día de prisión por su participación en una red de corrupción que desvió millonarios recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
La condena también incluye una multa de 3.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la devolución al Estado de 618 millones de pesos que el exfuncionario había apropiado ilegalmente. La jueza negó la solicitud de prisión domiciliaria. Por razones de seguridad, Pinilla deberá cumplir la pena en una guarnición militar.
Una red criminal dentro de la gestión del riesgo
La Fiscalía General de la Nación determinó que Sneyder Pinilla y el entonces director de la UNGRD, Olmedo López. Lideraron una organización criminal que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública emitidas entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Ellos direccionaron contratos a empresas aliadas para recibir sobornos y pagar favores políticos. El caso más destacado involucra un contrato por 100.000 millones de pesos para alquilar 40 carrotanques, cuyo valor inflado permitió desviar recursos públicos. Según la investigación, Pinilla, por instrucción de la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz. Entregó 1.000 millones de pesos al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Sneyder Pinilla aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Firmó un preacuerdo con la Fiscalía, lo que le permitió recibir una rebaja del 45 % en su condena. A cambio, se comprometió a devolver el dinero y a entregar información relevante para avanzar en la investigación. La Fiscalía justificó el beneficio debido a la calidad y eficacia de la colaboración ofrecida por Pinilla, la cual permitió identificar a otros implicados y fortalecer el caso contra los miembros de la red corrupta.
⚖️ Sneyder Pinilla condenado a 5 años de prisión
El exsubdirector de la UNGRD fue imputado por la Fiscalía y condenado tras aceptar su responsabilidad en el entramado de corrupción que sacudió a la entidad. #UNGRD #Corrupción #Justicia pic.twitter.com/xXrnkLlYyY
— Nación Huilense (@Nacionhuilense) April 29, 2025
El exfuncionario realizó dos consignaciones al Banco Agrario con las que restituyó los 618 millones de pesos. La Fiscalía presentó los comprobantes durante la audiencia. Con su testimonio, se convirtió en el primer condenado en este escándalo que ha golpeado al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Olmedo López también firmó un preacuerdo, aceptó su responsabilidad y ha aportado información sobre la estructura y actores de la operación ilegal. Otros implicados, incluyendo al contratista Luis Eduardo López, alias “El Pastuso”. Han sido imputados por su participación mediante más de 30 empresas utilizadas para ejecutar los contratos irregulares.
Nuevas denuncias agravan su situación
Además de la condena ya impuesta, la Fiscalía recibió una nueva denuncia contra Sneyder Pinilla. Esta se relaciona con un contrato firmado con la fundación Pintando Huellas, cuyo valor supera los 5.000 millones de pesos. Este acuerdo contemplaba la provisión de refrigerios, almuerzos y servicios logísticos en zonas de calamidad pública. Sin embargo, los investigadores encontraron indicios de manipulación deliberada de precios, sin justificación técnica ni contractual. Estas irregularidades afectaron la entrega de ayudas a víctimas de desastres naturales y sumaron un nuevo capítulo a la lista de acusaciones que enfrenta el exsubdirector.
El caso Sneyder Pinilla expone cómo las redes clientelistas y los contratos amañados continúan infiltrando entidades clave del Estado colombiano. Aunque la condena representa un paso importante para la justicia, las autoridades aún deben enfrentar el desafío de desmantelar por completo este entramado de corrupción. La Fiscalía continúa con las investigaciones y ha establecido otros acuerdos judiciales con implicados clave. La magnitud del daño causado por el saqueo de los recursos públicos evidencia la urgencia de implementar controles más estrictos. La pregunta persiste: ¿serán suficientes las medidas actuales para frenar la captura del Estado por intereses privados?
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