Seis soldados del Ejército Nacional fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión militar, por su presunta participación en la desaparición forzada de un joven de 21 años, ocurrida el 7 de agosto de 2022 en la vereda Ospina Pérez, jurisdicción del municipio de Ricaurte, Nariño.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los uniformados Luis Enrique Suaza Ortegón, William Orlando Acosta Manzano, Gabriel Alejandro Becerra Hernández, Luis Alejandro Loaiza Malambo, Omar Darío Acuña Gómez y Miguel Ángel Díaz Quiroz, a quienes imputó el delito de desaparición forzada.
Requerido en puesto de control
Según la investigación, la víctima fue requerida en un puesto de control militar mientras se movilizaba en motocicleta.
Durante el procedimiento, los soldados le habrían encontrado una sustancia estupefaciente, lo que motivó su detención y traslado a la estación de policía de Ricaurte en un vehículo oficial.
Las evidencias indican que, una vez en la estación, el joven habría intentado huir y los uniformados respondieron realizando varios disparos. Desde ese momento, se desconoce su paradero.
La Fiscalía judicializó a seis soldados del Ejército Nacional que estarían involucrados en la desaparición de un hombre de 21 años, en agosto de 2022, en zona rural de Ricaurte (Nariño). La víctima fue detenida en un puesto de control y trasladada a una estación de policía, desde… pic.twitter.com/sJFf0L1UGU
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 7, 2025
Hasta el momento no hay información
Hasta la fecha, no se ha ofrecido información oficial por parte de los involucrados sobre lo sucedido con el detenido.
Este caso hace parte de un proceso más amplio, en el que ya han judicializado a un sargento y un soldado del Ejército Nacional, así como un integrante de la Policía Nacional.
La decisión judicial se tomó con base en los elementos materiales probatorios presentados por un fiscal de la Seccional Nariño, que permitieron sustentar la gravedad de los hechos y la presunta responsabilidad de los imputados.
La medida busca garantizar el avance del proceso judicial y evitar posibles obstrucciones a la justicia.
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