lunes, 03 agosto 2026

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    ¿Consulta por decreto? Gobierno desafía al Congreso

    En medio del estancamiento legislativo de la reforma laboral y las crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió este fin de semana en que el presidente Gustavo Petro sí puede convocar una consulta popular mediante decreto, a pesar de que la iniciativa ya fue derrotada en el Senado.

    A través de su cuenta en X, Benedetti aseguró que “dos expresidentes de la Corte Constitucional” avalan esta tesis, aunque no reveló sus nombres.

    Benedetti sostiene que continúa siendo válida la consulta

    El alto funcionario defendió que la consulta sigue siendo válida por presuntas “irregularidades” en el trámite legislativo.

    Garantizar la participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales de la Constitución que hay que proteger”, escribió.

    El gobierno sostiene que la consulta popular, radicada el 1 de mayo, no fue debidamente considerada por el Senado, ya que la proposición no habría sido leída antes de su votación.

    No hay argumentos jurídicos

    Por tanto, argumenta que la negativa carece de efectos jurídicos y que el presidente tiene la facultad de convocarla directamente. Según los plazos establecidos, Petro tendría hasta el 9 de junio para expedir el decreto correspondiente.

    No obstante, expertos en derecho constitucional han salido al paso de esa interpretación. El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, advirtió que “lo que no puede hacerse vía ley, no puede adoptarse vía decreto”, subrayando que las excepciones deben estar expresamente previstas en la Constitución.

    El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también se pronunció al respecto, reiterando en una carta enviada al jefe de Estado que la consulta fue negada por 49 votos contra 47, resultado que, según él, cierra la puerta a una vía extraordinaria.

    A este debate se suma la preocupación por el costo de la eventual consulta, estimado en $700.000 millones.

    El registrador nacional ha señalado que actualmente no hay claridad sobre de dónde provendrían esos recursos.

    El gobierno de Gustavo Petro considera la reforma laboral como una prioridad política y ha manifestado que insistirá en su aprobación por medios legales o vía consulta ciudadana.

    Sin embargo, los cuestionamientos jurídicos, presupuestales y políticos hacen que la viabilidad de esta alternativa esté en el centro del debate nacional.

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