El presidente Gustavo Petro firmó un decreto para convocar a una consulta popular el próximo 7 de agosto. Con esta busca que los colombianos decidan directamente sobre temas clave de las reformas laboral y de salud.
La iniciativa surge luego de que el Senado rechazara el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.
Según el mandatario, si el Congreso decide acoger los puntos propuestos en el mecanismo de participación, el decreto será derogado.
De lo contrario, la decisión recaerá en las urnas. El documento fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión jurídica.
El contenido de la consulta abarca asuntos como:
- La jornada laboral máxima de ocho horas
- Recargos dominicales y festivos
- Incentivos para pequeñas empresas
- Bonificaciones pensionales para campesinos.
Sin embargo, el anuncio ha generado una fuerte controversia legal y política.
He firmado el decreto que convoca a la consulta popular.
Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes.…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025
Advertencia de inconstitucionalidad
El decreto es “abiertamente inconstitucional”, ya que el presidente no puede convocar a una consulta popular sin el concepto previo y favorable del Senado, como lo establece la ley estatutaria 1757 de 2015.
La acción del presidente viola principios esenciales como la separación de poderes y la representación democrática.
Solo el Congreso tiene competencia para habilitar una consulta popular, y el decreto carece de sustento legal. La Corte Constitucional tiene que evaluar esta extralimitación del Ejecutivo.
Hoy, en Cali, se vivió una multitudinaria Concentración por la Paz y la Democracia liderada por el pueblo caleño y acompañada por el Presidente @PetroGustavo, quien manifestó que la Consulta Popular por los derechos laborales es una propuesta para vivir y para dialogar sanamente,… pic.twitter.com/9XmlkVZR2G
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 12, 2025
Reacciones y acusaciones de “autogolpe”
El decreto ha provocado una oleada de críticas desde diferentes sectores. La representante Katherine Miranda lo calificó de “golpe de Estado”, mientras que Angélica Lozano lo describió como un “golpe nada blando”.
El concejal Daniel Briceño anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra los ministros que firmaron el decreto.
En un video grabado antes del atentado del que fue víctima, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay afirmó que la convocatoria es un acto ilegal que pone en riesgo la democracia y anunció acciones por prevaricato contra el presidente Petro y su gabinete.
Incluso el expresidente Iván Duque se pronunció, advirtiendo que esta medida“vulnera la independencia de poderes y pone en entredicho la democracia”.
El Gobierno defiende la legalidad
El presidente Petro, por su parte, ha defendido la convocatoria apoyándose en una interpretación de la Ley 1757 y del exfiscal Eduardo Montealegre, según la cual la consulta puede convocarse por decreto si el Senado no emite concepto en el plazo previsto.
No obstante, centros de análisis como DeJusticia consideran que se trata de una interpretación errónea y que la figura de la “excepción de inconstitucionalidad” no puede aplicarse a decisiones del Congreso.
Durante el Congreso de Asobancaria, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno acatará la decisión que tome la Corte Constitucional. “Estaremos prestos a respetar cualquier fallo del Consejo de Estado o de la Corte”, dijo.
El país permanece a la expectativa de lo que dictamine la Corte, mientras el ambiente político se tensa cada vez más por lo que muchos ya califican como una prueba decisiva para el Estado de derecho en Colombia.
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