El proyecto de Ley Integral Trans conocida como Ley Sara avanza en el Congreso tras un caso que conmocionó al país. Detractores hablan de “imposición ideológica”, mientras organizaciones celebran el paso histórico.
Un debate marcado por el dolor y la resistencia
En medio del cierre del actual periodo legislativo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó esta semana en primer debate la llamada Ley Sara Millerey, una propuesta que busca garantizar de manera integral los derechos de las personas trans y no binarias en Colombia.
Este avance legislativo tiene una carga simbólica y política significativa. La iniciativa fue nombrada en honor a Sara Millerey, una joven trans de Bello, Antioquia, que en abril de este año fue brutalmente agredida y arrojada a una quebrada con múltiples fracturas.
Su historia estremeció al país y reavivó la urgencia de establecer garantías institucionales para esta población históricamente excluida.
Un proyecto con enfoque integral
La Ley Integral Trans plantea, entre otros puntos, el acceso sin discriminación a los servicios de salud y educación, el derecho a la modificación del registro civil para el reconocimiento de la identidad de género y medidas de inclusión para personas trans víctimas del conflicto armado, especialmente en zonas rurales.
Además, propone la exclusión del servicio militar para hombres trans que hayan actualizado su documento de identidad, una medida que busca frenar prácticas discriminatorias documentadas por activistas y afectados.
“Cuando fui a sacar la libreta militar, me preguntaron cómo tenía barba y voz gruesa. Al final, me negaron el documento”, relató Derek Álvarez a un medio de comunicación, evidenciando un patrón de exclusión que afecta directamente el acceso a empleos y derechos básicos.
Aprobación parcial y camino legislativo
La iniciativa consta de 50 artículos, de los cuales 47 ya fueron aprobados. Los últimos 24 fueron votados en bloque con presencia de 21 congresistas, el número mínimo requerido para evitar el archivo del proyecto. Ahora el texto pasa a segundo debate en plenaria de la Cámara.
Desde su radicación en julio de 2024, el proyecto enfrentó obstáculos como la falta de quorum y demoras legislativas. No obstante, su avance se logró gracias al respaldo de organizaciones sociales, expertos, entidades del Estado y sectores políticos diversos.
Controversia y oposición
No todos los sectores del Congreso están de acuerdo con esta ley. Representantes como José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), Luis Miguel López (Partido Conservador) y Karina Espinosa (Partido Liberal) expresaron su rechazo frontal. Denunciaron una supuesta “imposición ideológica” y pidieron suspender la discusión.
“¿Qué les hemos hecho?”, dijo Espinosa con tono confrontativo, dirigiéndose a los asistentes de la comunidad trans.
Sin embargo, desde la mesa directiva se defendió la legalidad del proceso y se aclaró que el proyecto fue discutido durante más de tres semanas.
Un paso hacia la justicia social
Durante una intervención en el Congreso, la madre de Sara Millerey expresó con firmeza:
“A mi hija no solo la mató la violencia, la mató también la falta de una ley que la protegiera.”
Este mensaje se convirtió en el motor emocional de un proyecto que busca transformar el trato institucional hacia las personas trans en Colombia.
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