Tras el ciberataque ocurrido el 15 de junio, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial anunció la suspensión de términos legales y judiciales en sus actuaciones hasta el próximo 25 de junio.
La decisión busca mitigar las afectaciones causadas por el incidente de seguridad informática, que comprometió varios servicios digitales de la entidad.
Suspensión de términos administrativos y judiciales
A través de un comunicado oficial, la jurisdicción informó que quedarán suspendidos los términos legales en actuaciones administrativas, procesales y en recursos contra actos administrativos, a partir del 19 de junio.
Esta suspensión también aplicará para los procesos judiciales adelantados bajo la Ley 1407 de 2010, norma que regula la actuación procesal penal militar.
No obstante, la entidad aclaró que, pese a la contingencia, continuará con el ejercicio de sus funciones esenciales.
“Se mantendrán las actividades y desarrollo de las funciones de la entidad, para asegurar el cumplimiento de su objetivo fundamental concerniente a la organización, funcionamiento y administración de la jurisdicción especializada”, señala el comunicado.
Atención presencial habilitada en Bogotá
Como medida de contingencia, los ciudadanos podrán presentar peticiones, quejas, reclamos y demás solicitudes de forma presencial en la sede física del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial, ubicada en la carrera 46 No. 20C-01, Bogotá.
Asimismo, la jurisdicción advirtió que, en caso de restablecerse los servicios digitales antes del 25 de junio, se levantará la suspensión mediante un acto administrativo formal.
Relevancia institucional y de seguridad
Además, este tipo de incidentes cibernéticos plantea retos importantes para la seguridad judicial y la continuidad institucional.
Aunque no se han revelado detalles técnicos sobre el ataque, la rápida respuesta administrativa busca garantizar la protección de los procesos y el acceso a la justicia en medio de la crisis digital.
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