En un nuevo esfuerzo para frenar el accionar del crimen organizado en la capital vallecaucana, la Alcaldía de Cali, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública consolidaron acciones conjuntas tras un consejo de seguridad de alto nivel.
El encuentro, que contó con la participación del delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Humberto González Flechas, y nueve directores especializados de la Fiscalía, permitió evaluar la situación de seguridad en Cali y el Valle del Cauca, además de trazar nuevas líneas de acción judicial para enfrentar delitos como homicidios, hurtos y violencia urbana.
Grandes resultados del plan de choque
Desde el pasado 16 de mayo, la Alcaldía y la Policía Metropolitana han implementado un plan de choque que, solo en su primera semana, dejó como resultado:
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47 capturas,
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la incautación de 23 armas de fuego,
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más de 15 mil dosis de estupefacientes decomisadas, y
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la recuperación de 16 vehículos reportados como robados.
“Una parte significativa de la violencia que vivimos en Cali tiene su origen en economías ilegales como los cultivos ilícitos en Jamundí y el norte del Cauca, además de la minería ilegal. Por eso es fundamental atacar la raíz del problema con investigación judicial y coordinación interinstitucional”, aseguró el alcalde Alejandro Eder.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García Guerrero, señaló que con el acompañamiento de la Fiscalía se podrán establecer rutas de investigación más claras y atacar a los actores armados que generan zozobra en Cali y su área metropolitana.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo, confirmó que se activarán nuevas estrategias operativas para impactar a las estructuras criminales que financian y sostienen redes delictivas en la región.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, celebró la decisión de descentralizar un grupo de fiscales especializados para que operen directamente en el territorio, con el objetivo de fortalecer la respuesta judicial y generar impactos positivos en la seguridad del departamento.
La articulación entre las instituciones busca acelerar la judicialización de cabecillas y redes criminales, al tiempo que envía un mensaje contundente de presencia estatal y cero tolerancia frente al delito.
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