La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el impacto económico y social que podría generar una nueva ola migratoria de retorno hacia Colombia, motivada por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Según el organismo, este fenómeno representa un reto para la capacidad institucional del país, especialmente en zonas fronterizas como Capurganá (Chocó) y Necoclí (Antioquia).
El análisis fue presentado en el marco del foro “Migración y sostenibilidad fiscal” realizado en Quibdó, donde se reveló que más de 1.179.000 migrantes han recibido apoyo del Estado colombiano, con un costo estimado de $2,93 billones.
La Contraloría advirtió que estos costos están creciendo de forma acelerada, lo que podría comprometer el presupuesto público si no se fortalecen los sistemas de control y focalización del gasto.
Restricciones en EE. UU. impulsan regreso de migrantes
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la entidad es que las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno estadounidense, como la desactivación de los procesos de asilo y la autorización de redadas, están generando una inversión en el flujo migratorio, provocando el retorno de personas que anteriormente buscaban llegar al norte del continente.
“Entre enero y abril de 2025, Migración Colombia registró el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima desde Puerto Obaldía (Panamá) hacia Capurganá. La mayoría de ellos continúa su tránsito hacia Necoclí”, indicó el informe de la Contraloría.
Niñez y mujeres, las más vulnerables
Del total de personas que han ingresado recientemente al país, el 43% son mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan mayores riesgos como el tráfico de personas, naufragios y desapariciones.
Así mismo, la mayoría provienen de países centroamericanos donde, tras el cambio de políticas migratorias en EE. UU., decidieron retornar a sus lugares de origen.
Deficiencias en la política migratoria nacional
Además del diagnóstico actual, la Contraloría evaluó la gestión institucional frente al tráfico de migrantes entre 2016 y 2023.
En sus hallazgos, el organismo evidenció falta de alineación entre la planificación y la implementación de la política pública, vacíos normativos, baja apropiación territorial y carencia de presupuestos específicos.
“La gobernanza institucional debe fortalecerse para enfrentar los retos de una migración ordenada, segura y regular. Es urgente la articulación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales”, concluyó el informe.
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