Uribe frente al reloj judicial: fallo antes de la prescripción
El Tribunal Superior de Bogotá define el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta uno de los momentos más decisivos de su vida política y judicial. A solo dos días de que su proceso prescriba, el Tribunal Superior de Bogotá aprobó la decisión de segunda instancia en el caso por soborno en actuación penal y fraude procesal, que en primera instancia lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria.
El país está a la espera de la lectura oficial del fallo que determinará si el exmandatario será absuelto o si la condena quedará en firme.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su Sala de Decisión Penal n.°19, integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, aprobó este 14 de octubre el acta n.°135 con la decisión de segunda instancia.
El comunicado indica que la lectura del fallo se informará “en forma oportuna a las partes e intervinientes”, lo que mantiene en expectativa al país.
La decisión responde al recurso de apelación presentado por la defensa de Álvaro Uribe Vélez y el delegado del Ministerio Público contra la condena emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia.

Un proceso al borde de la prescripción
El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, iniciado en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia empezó a investigarlo por presunta manipulación de testigos, estaba a punto de prescribir el 16 de octubre de 2025.
La decisión del Tribunal llega justo antes del vencimiento de los términos. El exmandatario había renunciado públicamente a la posibilidad de prescripción, insistiendo en su inocencia y solicitando un fallo “en derecho”.
En sus palabras: “No fui determinador ni de lo uno ni de lo otro. En más de 20.000 interceptaciones a mi teléfono no hay una palabra mía distinta a pedir la verdad”.

Antecedentes y contexto del caso
El caso por soborno y fraude procesal tiene su origen en 2012, cuando Álvaro Uribe Vélez denunció al entonces senador Iván Cepeda por presuntamente manipular testimonios de exparamilitares. Sin embargo, la Corte Suprema terminó investigando al propio Uribe al hallar intentos de soborno a testigos a través de su exabogado Diego Cadena, también condenado en primera instancia a siete años de prisión domiciliaria.
Entre las pruebas más relevantes se encuentra la grabación de una conversación entre Cadena y el testigo Juan Guillermo Monsalve, quien relacionó a los hermanos Uribe Vélez con la supuesta creación de un grupo paramilitar en una hacienda familiar.
Implicaciones políticas en un año preelectoral
Mientras se define su futuro judicial, el líder del Centro Democrático continúa participando en la precampaña presidencial de 2026.
Si resulta absuelto, Álvaro Uribe Vélez podría regresar al Senado. Pero si la condena se ratifica, su carrera política quedaría marcada por un fallo histórico que, para muchos, representa una prueba crucial para la independencia de la justicia en Colombia.
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