La Unidad de Restitución de Tierras (URT) denunció que Jaqueline Campos Rincón, su secretaria general, fue amenazada de muerte a través de un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El documento, que también menciona a otros ciudadanos, ha generado preocupación por la seguridad de funcionarios que trabajan en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Rechazo la amenaza directa contra mi integridad, la de mi familia, compañeras y compañeros de la @URestitucion y contra cualquier persona. Pongo en alerta a las autoridades y la opinión publica. El trabajar con honestidad y sin tregua por la defensa y garantía de derechos sigue… pic.twitter.com/SZ0IMm6LRe
— Jaqueline Campos Rincón (@YackyCamposR) May 22, 2025
Familia amenazada
Según la entidad, las amenazas también alcanzan a la familia de Campos Rincón, lo que ha obligado a la URT a presentar una denuncia penal y solicitar medidas de protección urgentes tanto para ella como para otros dos funcionarios afectados.
El director general de la Unidad, Giovani Yule, expresó públicamente su respaldo a Campos Rincón y rechazó de manera categórica este nuevo episodio de intimidación.
“Defender a quienes trabajan por los derechos de las víctimas es deber de toda la sociedad”, afirmó Yule, subrayando que este tipo de ataques ponen en riesgo la integridad de los servidores públicos y debilitan los procesos de justicia y reparación.
📢🔴 Comunicado a la opinión pública
La #URT rechaza enfáticamente las amenazas contra la secretaria general, @YackyCamposR, y los actos intimidatorios dirigidos a su familia.
Estas agresiones constituyen una grave vulneración al derecho a la vida y a la labor de quienes trabajan… pic.twitter.com/ktn4jFwxzQ— Unidad de Restitución de Tierras (@URestitucion) May 22, 2025
Investigación en curso
La URT pidió a las autoridades competentes acelerar las investigaciones y garantizar condiciones de seguridad adecuadas para sus funcionarios, especialmente en territorios históricamente golpeados por la violencia.
Estos hechos se producen en un contexto de creciente hostilidad contra quienes impulsan iniciativas de restitución y reparación en zonas de alto riesgo, lo que enciende las alarmas sobre la persistencia de estructuras armadas ilegales que buscan frenar la implementación de políticas de paz.
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