El caso de Andrés Gustavo Ricci García, condenado por el feminicidio agravado de la exdeportista Luz Mery Tristán, vuelve a sacudir a la opinión pública, esta vez por razones ajenas al proceso judicial.
Una serie de videos publicados en redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok revelaron que Ricci recluido en la cárdel ha logrado acceder a internet para grabar y difundir contenido en el que intenta ofrecer su versión de los hechos.
En estos videos, bajo el título “Una verdad por contar”, el condenado pide perdón a la familia de Tristán, insiste en que lo ocurrido fue un accidente y comparte aspectos de su vida personal, incluyendo su infancia, problemas de adicción y experiencia empresarial.
Las grabaciones, lejos de generar empatía, han provocado un amplio rechazo en diversos sectores sociales y políticos.
Familiares de Luz Mery Tristán calificaron el contenido como una estrategia para “lavar su imagen” y una forma de revictimización. “Cualquier intento de humanizar al agresor no borra la gravedad del crimen”, afirmaron.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también alertaron sobre el impacto que puede tener este tipo de discursos, especialmente cuando buscan relativizar un feminicidio condenado por la justicia.
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Cuán cínico tiene que ser alguien para buscar lavarse la cara ante la gente, buscando guardar un nombre o un estatus, grabándose y diciendo que anhela abrazar a los hijos de su víctima y decirles que lo que hizo no fue a propósito, cuando las pruebas son irrefutables, con las que… pic.twitter.com/hXmU1k95YO
— Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) April 20, 2025
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¿Fallos en el sistema penitenciario?
La polémica también se trasladó al manejo penitenciario. El hecho de que Ricci haya podido grabar, editar y subir videos desde un penal de máxima seguridad generó una ola de cuestionamientos sobre los controles en las cárceles colombianas.
El uso de dispositivos electrónicos con acceso a internet está estrictamente prohibido para los reclusos. Sin embargo, Ricci no solo accedió a estas herramientas, sino que logró producir una “serie” digital con varias entregas.
La Personería de Cali expresó su preocupación y pidió explicaciones al INPEC. “Esto no solo vulnera la normatividad carcelaria, sino que envía un mensaje equivocado sobre la gravedad del feminicidio”, advirtieron.
Doloroso, ilegal y corrupto que a Andrés Ricci feminicida de la deportista Luz Mery Tristán, hoy condenado a 45 años de cárcel, el Inpec le autorice el uso de redes sociales para justificar su crimen, eso se llama REVICTIMIZACION pic.twitter.com/3qFdRVLjcd
— Carlos Bastidas (@carlosbastidast) April 20, 2025
Reacciones políticas
Desde el ámbito político, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al Ministerio de Justicia y al INPEC tomar “acciones inmediatas” para frenar la difusión de este tipo de contenido desde centros penitenciarios.
“Es una afrenta a la memoria de la víctima y un riesgo para la sociedad”, afirmó.
También se pronunció la exgobernadora Clara Luz Roldán, quien calificó los videos como un intento de manipular la percepción pública.
“Un feminicida no puede convertirse en narrador de su propia historia como si fuera un producto de entretenimiento. Es inadmisible”.
Aunque Ricci intenta mostrarse como un hombre común que cometió errores, la reacción ciudadana mayoritaria ha sido de indignación.
Para muchos, permitirle una plataforma desde la prisión representa una grave falta institucional y una amenaza para los avances en la lucha contra la violencia de género.
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