El Tribunal Administrativo del Cauca acogió la solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación. En la acción de cumplimiento contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La demanda buscaba recuperar la posesión material de los predios Cuernavaca y Puerto Rico, ubicados en Patía, Cauca.
El Tribunal ordenó a la ANT adelantar el procedimiento legalmente establecido. Para determinar el estado actual de tenencia y explotación de estos terrenos. Además, instruyó a la Policía Nacional a ejecutar las medidas de control sobre los predios cuando así lo disponga la entidad accionada.
Ocupación ilegal desde 2021
La Procuraduría informó que integrantes del Consejo Comunitario La Florida han ocupado irregularmente los predios desde 2021. Estos terrenos fueron adquiridos por la ANT con destino específico para campesinos del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Pese a esta situación, la ANT no adelantó gestiones para recuperar la posesión de las parcelas afectadas.
Como consecuencia, los legítimos aspirantes perdieron su calidad de tenedores y dejaron de recibir los frutos del manejo provisional otorgado por la ANT en 2018. El valor aproximado de los terrenos asciende a $1.358’119.600, según lo detalló la Procuraduría en su acción judicial. La situación vulneró los derechos de los campesinos que esperaban la adjudicación definitiva de las propiedades.
El Tribunal Administrativo del Cauca acogió la solicitud de la @PGN_COL en la acción de cumplimiento instaurada contra @AgenciaTierras que busca recuperar la posesión material de predios en Patía (Cauca).
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 26, 2025
La Procuraduría solicitó que la Agencia Nacional de Tierras cumpliera con las decisiones judiciales sobre el cuidado y administración de los predios. Además, exigió que culminara el trámite de adjudicación de las propiedades Cuernavaca y Puerto Rico a sus destinatarios con la mayor celeridad posible.
El Tribunal Administrativo del Cauca estudió el caso y decidió acceder parcialmente a las pretensiones del ente de control. Ordenó a la ANT adelantar el procedimiento necesario para establecer la situación de los predios en cuanto a tenencia y explotación actual. También ordenó a la Policía Nacional ejecutar medidas de control. Cuando la ANT así lo disponga, para garantizar la recuperación de los terrenos.
Garantizar los derechos de los campesinos
El fallo resaltó la importancia de proteger los derechos de los campesinos beneficiarios de los programas de acceso a tierras. La Procuraduría insistió en que resulta indispensable actuar de manera oportuna. Para evitar nuevas ocupaciones irregulares que afecten la destinación de los predios. La decisión busca corregir la omisión de la ANT en la administración efectiva de los terrenos y preservar el objetivo social para el cual fueron adquiridos.
El Ministerio Público reiteró que la intervención de la Policía Nacional. Será fundamental para asegurar la ejecución de las medidas correctivas. La Procuraduría continuará vigilando el cumplimiento del fallo y el avance de los procedimientos de adjudicación para garantizar el acceso efectivo a la tierra. Esta acción forma parte de las estrategias de control. Para fortalecer el respeto por los derechos de las comunidades rurales en el país.
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