martes, 23 abril 2024

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Asedio y violencia el petrismo puso en alerta  a la rama judicial

Asedio y violencia el petrismo puso en alerta  a la rama judicial

Este jueves la división de poderes en Colombia quedó lacerada. Después de que el presidente Gustavo Petro llamara a marchar por medio de sus redes, decenas de manifestantes intentaron tomarse la sede de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y terminaron acorralando y asediando a sus magistrados, quienes llegaron a sentirse secuestrados.

La razón de dicho asedio fue oponerse a las pretensiones del mandatario de Estado, quien exige la apresurada elección del próximo fiscal y que, paradójicamente, denunciaba días atrás una “ruptura institucional”.

Reacción de la Corte Suprema

“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, quien se vio visiblemente afectado y perplejo prendió las alarmas por el “bloqueo violento e ilegal” que puso en jaque la independencia, autonomía e imparcialidad de la rama judicial.

A las afueras del Palacio Alfonso Reyes Echandía se convirtió en un hervidero de personas que exigían la elección inmediata del próximo fiscal, generando temor entre los funcionarios de la rama judicial, quienes recordaron el episodio de hace 40 años donde muchos funcionarios perdieron la vida en la toma guerrillera del M-19 a la Rama Judicial. 

Intervención policial y respuesta del gobierno

La situación llevó a una intervención del Esmad y generó la intervención del gobierno, que insistió en la tesis de infiltrados y saboteadores.

Tras la delicada situación, otras cortes de justicia, el Congreso y la Procuraduría rodearon a la Corte Suprema y pidieron respeto por la independencia y separación de poderes.

El presidente Gustavo Petro advirtió sobre la posibilidad de nuevas manifestaciones, dejando la incertidumbre sobre lo que ocurrirá el jueves 22 de febrero y la importancia de sus declaraciones para evitar una escalada de violencia y garantizar la autonomía judicial.

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