En política existe una diferencia enorme entre construir un proyecto y hacerse responsable de él cuando empieza a desmoronarse. Lo primero suele venir acompañado de discursos, fotografías y promesas. Lo segundo casi nunca genera aplausos. Implica asumir decisiones difíciles, soportar críticas y destinar recursos para corregir errores que nunca debieron existir. Sin embargo, es precisamente ahí donde se pone a prueba el verdadero liderazgo de un gobernante.
Ese ha sido el desafío que ha enfrentado el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Su administración no ha tenido únicamente la tarea de ejecutar nuevas iniciativas; también ha debido asumir el costo político, técnico, jurídico y financiero de resolver problemas que durante años permanecieron aplazados. Problemas que otros prefirieron rodear antes que enfrentar.
Uno de esos casos fue el histórico conflicto con los hermanos Solarte. Durante varias administraciones, ese expediente permaneció inmóvil. Ningún mandatario quiso asumir el desgaste que implicaba encontrar una salida a un litigio que condicionaba decisiones importantes para la ciudad. Muñoz Bravo tomó una decisión distinta: enfrentar el problema y construir un acuerdo. Resolver un conflicto de esa magnitud nunca produce el mismo reconocimiento que inaugurar una obra, pero representa una forma mucho más responsable de gobernar.
Avenida de Los Próceres: una obra con problemas desde su origen
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La misma lógica explica lo que hoy ocurre con la Avenida de Los Próceres. Durante años fue presentada como una de las obras que transformaría la movilidad del norte de Popayán. Sin embargo, cuando la actual administración asumió el gobierno en enero de 2024, no recibió una obra lista para avanzar. Encontró un proyecto:
- Suspendido desde marzo de 2023
- Con observaciones de la interventoría sobre los diseños originales
- Predios sin adquirir
- Redes de servicios públicos pendientes de reubicación
- Trámites ambientales inconclusos
- Un proceso judicial con la autoridad ambiental
- Estudios que tuvieron que ser ajustados para cumplir los requerimientos técnicos.
En otras palabras, el gobierno de Juan Carlos Muñoz Bravo heredó un proyecto cuya viabilidad estaba seriamente comprometida.
¿Por qué terminó costando más la obra?
El contrato fue adjudicado inicialmente por más de $34.152 millones, pero la suspensión de la obra durante cerca de año y medio produjo consecuencias que iban mucho más allá del simple paso del tiempo. La actualización de diseños, los nuevos estudios de tránsito, la incorporación de dos glorietas, la construcción de muros de contención, box culvert y cimentaciones profundas tipo caisson, además de los estudios ambientales exigidos por la autoridad competente, hicieron evidente que continuar la obra bajo las condiciones originales no era técnicamente posible.
A ello se sumó un reto que nunca había sido completamente resuelto durante la estructuración inicial. La Corporación Autónoma Regional del Cauca determinó que los tramos 3 y 4 requerían licencia ambiental y Estudio de Impacto Ambiental, mientras que los tramos 1 y 2 debían surtir permisos específicos. La administración municipal tuvo que corregir errores heredados y contratar nuevas caracterizaciones ambientales, desarrollar estudios de flora, fauna, agua y aire, presentar el Estudio de Impacto Ambiental y responder uno a uno los requerimientos formulados por la autoridad ambiental. Todo ese trabajo corresponde a procedimientos que debieron existir antes de iniciar la ejecución del proyecto (antes de anunciar con tanto evento este proyecto) y que, sin embargo, terminaron recayendo sobre el actual gobierno.
El verdadero debate no es el presupuesto, sino la planeación
Muchos han querido reducir el debate al incremento del valor de la obra. Esa lectura omite el elemento esencial. La inversión, que hoy supera los $41.900 millones, no aumentó porque la administración decidiera gastar más. Aumentó porque rescatar un proyecto mal estructurado tiene un costo. Abandonarlo habría significado perder los recursos ya invertidos y condenar a Popayán a sumar otro elefante blanco a su historia reciente. Continuarlo exigía asumir las modificaciones contractuales, las exigencias técnicas y los ajustes financieros indispensables para garantizar que la obra pudiera terminarse.
Las decisiones que nadie quiso asumir
La discusión de fondo, entonces, no consiste en preguntarse por qué fue necesario ajustar el proyecto. La verdadera pregunta es por qué esos ajustes no fueron realizados antes de contratar una obra de esta magnitud. Los documentos técnicos, las actuaciones de los organismos de control y la propia cronología del proyecto muestran que las dificultades no nacieron en la actual administración. Lo que sí nació en este gobierno fue la decisión de no abandonar una obra estratégica para la ciudad.
Gobernar también implica asumir el costo político
Existe una política que consiste en inaugurar proyectos sin resolver sus problemas de fondo y dejar que el siguiente gobierno cargue con las consecuencias. Existe otra, mucho más exigente, que consiste en asumir esos problemas, corregirlos y garantizar que las obras realmente puedan servirle a la ciudadanía. Esa segunda opción suele ser menos rentable electoralmente, pero mucho más responsable desde la administración pública.
Gobernar nunca será el arte de evitar los problemas. Gobernar consiste, precisamente, en hacerse cargo de ellos. El costo de rescatar una obra puede medirse en pesos. El costo de dejarla morir habría terminado pagándolo toda una ciudad.
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