Entre bombardeos y reclutamiento: el país atrapado entre dos tragedias
La muerte de siete menores de edad en un bombardeo en Guaviare, durante una operación de las Fuerzas Militares contra las disidencias de Iván Mordisco, volvió a abrir una herida profunda en Colombia: los niños siguen muriendo en medio de la guerra, ya sea por reclutamiento forzado de menores o por operaciones militares que terminan en tragedia.
Este nuevo episodio, confirmado por Medicina Legal, reavivó el debate sobre la responsabilidad del Estado en un conflicto donde la infancia continúa siendo la principal víctima. En un país que no ha logrado frenar el avance de los grupos armados ni garantizar precisión absoluta en las operaciones, la discusión tomó un fuerte carácter político y ético.
Un debate que revive viejas heridas
El bombardeo en Guaviare donde murieron los siete menores —verificado por Medicina Legal— se convirtió en un punto de quiebre dentro del debate nacional. Para el precandidato presidencial Roy Barreras, lo ocurrido recuerda episodios anteriores en los que el país terminó enfrentado por la muerte de menores en operaciones militares.
Barreras sostuvo que su postura es la misma desde 2019, cuando denunció que el Ministerio de Defensa ocultó información sobre víctimas infantiles en un bombardeo:
“Nunca dije que se dejara de bombardear. Dije que un ministro no podía mentirle al país ni ocultar que los muertos eran niños”.
El precandidato afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro actuó ante una amenaza inminente contra tropas, pero insistió en que hoy existe suficiente tecnología militar para evitar errores y prevenir nuevas muertes de menores. Para Barreras, el desafío está en la precisión operacional y en no normalizar que haya niños en campamentos insurgentes.
Reclutamiento: la otra tragedia ignorada
Para la también precandidata presidencial Paloma Valencia, el debate debe centrarse en el origen del problema: el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias.
“El problema no es el bombardeo: el problema es la ausencia de cuidado de los niños”, afirmó la senadora.
Valencia cuestionó la falta de políticas públicas preventivas, los vacíos en las alertas tempranas y la ausencia de estrategias digitales para contrarrestar la captación de jóvenes en plataformas como TikTok y Facebook. Para ella, la verdadera responsabilidad del Estado es impedir que los grupos armados continúen usando menores como herramientas de guerra, una tragedia que alimenta el ciclo de la violencia.
Un país atrapado entre dos fallas del Estado
La discusión dejó claro que Colombia enfrenta dos tragedias simultáneas:
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Niños reclutados por grupos armados, en zonas donde la presencia del Estado es débil o inexistente.
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Niños que mueren en bombardeos, como ocurrió en el reciente bombardeo en Guaviare, porque el Estado no logra evitar su presencia en áreas de operaciones militares.
Ambas realidades evidencian fallas estructurales en la protección de la infancia y en la gestión del conflicto armado en Colombia.
Un debate que marcará la campaña presidencial
El debate no solo es ético y humanitario: también tendrá impacto en la campaña presidencial de 2026. Tanto Barreras como Valencia han reconocido que, ante una amenaza directa a soldados, habrían autorizado la operación militar. Sin embargo, sus posturas revelan dos visiones diferentes sobre las responsabilidades del Estado.
La muerte de los menores en Guaviare vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que Colombia se sigue haciendo desde hace décadas:
¿cómo evitar que los niños sigan siendo víctimas del conflicto armado?
Y, sobre todo:
¿quién tiene la propuesta más sólida para impedir que la historia se repita?
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