La violencia persiste en el Cañón del Micay
El Cañón del Micay, ubicado en el departamento del Cauca, sigue siendo uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Su geografía estratégica, su biodiversidad y su salida hacia el Pacífico lo convierten en un corredor clave para el narcotráfico en el Pacífico, lo que ha generado una espiral de violencia que afecta a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Un corredor estratégico del narcotráfico
Según autoridades militares, el Cañón del Micay concentra algunos de los mayores cultivos ilícitos de Colombia. Esta situación ha convertido al territorio en epicentro de disputas entre estructuras criminales como las disidencias de las Farc, en particular los frentes “Carlos Patiño” y “Jaime Martínez”, además de la presencia del ELN y bandas ligadas al narcotráfico y la minería ilegal.
El dominio de estas organizaciones alimenta la violencia en el Cauca, donde las rutas de cocaína hacia mercados internacionales son motivo de sangrientos enfrentamientos.
#Cauca #Seguridad 💣🪖 El Ejército destruyó más de 20 minas antipersonales en la vereda Honduras, El Tambo, en medio de la Operación Perseo II. Estas trampas fueron instaladas por la estructura Carlos Patiño en el estratégico Cañón del Micay. ⚠️
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— Meridiano Regional (@MeridianoR_CO) August 20, 2025
Comunidades atrapadas en el conflicto
Los combates con la Fuerza Pública, los desplazamientos forzados, los confinamientos y la instalación de minas antipersonales mantienen a la población en un estado permanente de zozobra. La falta de infraestructura vial, de empleo y de instituciones estatales crea un vacío que los grupos armados llenan con control social, económico y militar.
En medio de la crisis, líderes sociales destacan la necesidad de ofrecer alternativas económicas al cultivo de coca y proyectos sostenibles que fortalezcan a las comunidades en resistencia.
Un desafío para la paz total
El Cañón del Micay se mantiene como uno de los principales retos de la política de paz total impulsada por el Gobierno. Analistas coinciden en que sin inversión social, educación, salud y proyectos productivos, el conflicto armado en Cauca seguirá cobrando vidas y desplazando familias enteras.
Las comunidades esperan que el Estado supere la respuesta puramente militar y avance en programas de sustitución, inclusión y desarrollo, para que la paz sea una realidad y no una promesa postergada.
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