martes, 23 abril 2024

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Capturado dragoneante del Inpec  tras ser acusado de trabajar para el crimen organizado

Capturado dragoneante del Inpec  tras ser acusado de trabajar para el crimen organizado

Un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) enfrenta cargos al parecer por su participación en una red de corrupción dentro del penal de La Picota, Bogotá, al introducir ilegalmente objetos a un peligroso líder disidente de las Farc.

Jonathan Alexander Tulcán Quispe, dragoneante del INPEC, fue judicializado por las autoridades competentes tras ser acusado de ingresar celulares, estupefacientes y bebidas alcohólicas a la cárcel La Picota de Bogotá. Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación señalan que Tulcán Quispe recibía pagos para suministrar estos artículos al interno Luis Carlos Cifuentes Puerta, conocido como alias ‘Diomedes’, líder de las disidencias de las Farc.

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Cohecho y colaboración con el crimen organizado

La Fiscalía revela que el dragoneante no solo introducía contrabando, sino que también habría sido sobornado para facilitar el cambio de celda de Cifuentes Puerta, permitiéndole controlar la distribución de sustancias ilegales y alcohol en diferentes sectores de la prisión. Las acusaciones apuntan a la participación de Tulcán en una red de microtráfico dentro del penal.

Imputación de Cargos y arresto domiciliario

La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía le imputó a Tulcán Quispe el delito de cohecho por dar u ofrecer. Aunque el acusado no admitió los cargos, un juez de control de garantías ordenó su captura domiciliaria como medida preventiva durante el desarrollo del proceso judicial.

Investigación en curso y complicidad del INPEC

Las autoridades buscan identificar a otros miembros del INPEC involucrados en el ilícito. Mientras tanto, la institución intensifica sus esfuerzos contra la corrupción y fortalece las medidas de seguridad interna en las cárceles.

Crisis en la seguridad carcelaria y Propuestas de Solución

El uso indebido de celulares en cárceles representa una amenaza para la seguridad nacional, con actividades ilícitas que incluyen asesinatos, extorsiones y estafas. Ante esto, la Procuraduría incrementa la vigilancia, reportando un aumento del 41% en delitos de extorsión originados en las cárceles .

Con solo dos de los 22 bloqueadores de señal en funcionamiento, la eficacia del Gobierno Nacional y del INPEC se ve comprometida. La Procuraduría sugiere la creación de una Unidad Judicial Especializada para combatir la extorsión desde las prisiones, además de la posible tipificación como delito de la posesión y uso de dispositivos móviles en cárceles en futuras reformas del Código Penitenciario.

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