La justicia que no prescribió: por qué el caso Sanguino sigue vivo en los estrados judiciales
Corte Suprema niega prescripción y mantiene en firme el juicio por el ‘carrusel de la contratación’
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al negar la prescripción de los hechos presuntamente ocurridos en 2009, en el marco del escándalo conocido como el caso Sanguino y el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá. La decisión implica que el proceso judicial continúa y que el alto tribunal avanzará con la audiencia de formulación de acusación.
De concejal a acusado en el caso Sanguino
De acuerdo con el escrito de acusación, cuando Sanguino se desempeñaba como concejal de Bogotá, habría usado indebidamente su influencia para intervenir en la designación de la gerente del Hospital de Usme y, posteriormente, para direccionar un contrato millonario de construcción y dotación de la nueva sede de la entidad. Según la Fiscalía, este contrato fue adjudicado “a dedo” a una empresa vinculada al contratista Héctor Julio Gómez González, a cambio de una comisión del 10 %. Estos señalamientos hacen parte de la acusación central del caso Sanguino.
#PrimiciaW | El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino (@AntonioSanguino), finalmente sí irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta relación con el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.
La Sala de Primera Instancia negó la prescripción de los hechos… pic.twitter.com/KnepbTyuig
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 8, 2025
Hechos prescritos y hechos vigentes
La Corte Suprema archivó la investigación por hechos del 2008, pero mantuvo la acusación por los de 2009, al concluir que estos no han prescrito. El tribunal también negó las nulidades solicitadas por la defensa, despejando el camino para que la Fiscalía presente su caso en audiencias posteriores.
Un proceso con eco político
El caso Sanguino ha generado un impacto político por la actual condición de Sanguino como ministro de Trabajo. Aunque su fuero ministerial otorga competencia a la Corte Suprema para juzgarlo, no lo exime de responsabilidad en caso de comprobarse su participación en presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.
La audiencia de formulación de acusación será la próxima etapa, en la que se conocerán más detalles de pruebas y testimonios. El desarrollo de este juicio podría tener consecuencias políticas y jurídicas de alto nivel para el gabinete presidencial.
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