La Procuraduría General de la Nación emitió una fuerte advertencia sobre el alarmante incremento del reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado en Colombia, una de las violaciones de derechos humanos más graves en el país.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 409 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de esta práctica. Esta cifra refleja la persistente vulnerabilidad de la población infantil en zonas de conflicto, especialmente en regiones con una alta presencia de Grupos Armados Organizados (GAO).
El departamento del Cauca es el más afectado, concentrando 300 de los casos reportados. En particular, se destaca que los niños y adolescentes de comunidades indígenas representan el 51% de las víctimas, evidenciando la alta exposición de estos grupos a la violencia armada.
En respuesta a la creciente problemática, la Procuraduría ha instado al Gobierno a priorizar la protección de los menores en las negociaciones de paz con los GAO, una medida esencial para frenar el reclutamiento forzado. Además, la entidad ha subrayado la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección para evitar nuevos casos.
Medidas urgentes para la protección de menores
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha abierto 318 procesos administrativos de restablecimiento de derechos para los menores que han logrado desvincularse de los GAO en 2024.
Sin embargo, las cifras oficiales solo reflejan una parte del problema, ya que muchas víctimas no logran ser identificadas o rescatadas. La Procuraduría ha resaltado la importancia de implementar acciones de prevención temprana y protección efectiva en los territorios más afectados por el conflicto, donde los niños y adolescentes corren un riesgo constante.
También se ha insistido en la necesidad de garantizar un entorno seguro para los menores en riesgo y erradicar cualquier forma de violencia en su contra.
Prioridad en la agenda de paz
En este sentido, la Procuraduría hizo un llamado urgente a las autoridades para que el reclutamiento de menores sea una prioridad en las conversaciones de paz con los GAO.
La entidad también pidió el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y atención para las víctimas, así como la sanción de los responsables de este crimen, que sigue siendo una de las mayores preocupaciones del país.
“La protección de la niñez es una responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto”, afirmó la Procuraduría.
Enfatizando que garantizar la seguridad y los derechos de los menores en las zonas de conflicto es fundamental para erradicar esta grave violación de los derechos humanos.
El reclutamiento infantil en Colombia continúa siendo una problemática de gran magnitud, que afecta principalmente a comunidades vulnerables.
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