Celulares en votación: decreto electoral desató polémica a días de las elecciones
A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, el debate sobre el uso de celulares en votación generó una fuerte controversia entre el Gobierno nacional y los organismos encargados de vigilar la transparencia del proceso electoral.
La discusión surgió tras la expedición del Decreto 0188 de 2026, una norma que estableció medidas de orden público para la jornada electoral y que incluyó restricciones al uso de teléfonos celulares dentro de los puestos de votación. La decisión despertó preocupación en entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
Decreto electoral que restringe celulares en votación en Colombia
Restricción de celulares en puestos de votación
El centro de la polémica estuvo en el artículo 14 del decreto, que señaló que durante la jornada electoral no podrían usarse teléfonos celulares, cámaras fotográficas ni dispositivos de grabación dentro de los puestos de votación por parte de funcionarios del Ministerio Público.
La restricción incluyó a delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, así como a integrantes de otros órganos de control o de la Fiscalía asignados a la vigilancia del proceso electoral.
Tradicionalmente, la prohibición del uso de celulares había estado dirigida únicamente a los ciudadanos que acudían a votar. La medida buscaba evitar que los votantes tomaran fotografías del tarjetón como prueba para quienes compran votos, una práctica ilegal conocida como constreñimiento o compra de votos.
Sin embargo, la inclusión de los funcionarios responsables de la vigilancia electoral dentro de esta restricción generó inquietud, ya que podría limitar la capacidad de documentar irregularidades o registrar posibles delitos electorales en tiempo real.
El Procurador Eljach aprovechó el escenario e invitó a la ciudadanía a acudir a las urnas en paz y tranquilidad, y a defender sus intereses legítimos participando en las elecciones con respeto y sosiego. #PazElectoral pic.twitter.com/6tFdzMl9Xn
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 4, 2026
Procuraduría solicitó modificar el decreto
La controversia aumentó luego de que el procurador general, Gregorio Eljach, solicitara formalmente al Ministerio del Interior modificar el decreto para excluir a los funcionarios de la Procuraduría de esta restricción.
Según explicó el jefe del Ministerio Público, permitir el uso de celulares por parte de los delegados encargados de vigilar el proceso electoral era fundamental para registrar evidencias, reportar irregularidades y fortalecer la transparencia electoral.
Horas después de esta solicitud, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0211 del 5 de marzo de 2026, mediante el cual introdujo ajustes al decreto de orden público electoral. La modificación incorporó las observaciones planteadas por la Procuraduría y corrigió el error de redacción que se había presentado en los artículos 14 y 15 del decreto inicial, aclarando que los testigos electorales sí podían utilizar teléfonos celulares para cumplir sus labores de vigilancia durante la jornada electoral.
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Mientras se desarrollaba la discusión sobre el uso de celulares en votación, el Gobierno también presentó el plan integral de seguridad para las elecciones legislativas en todo el país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el operativo contempló el despliegue de 246.000 uniformados de la Fuerza Pública, quienes quedaron encargados de garantizar la seguridad en 13.493 puestos de votación.
Además, se reforzó la vigilancia en 127 municipios priorizados por posibles riesgos de seguridad durante los comicios.
Las autoridades también habilitaron la Línea 157 Anticorrupción, a través de la cual los ciudadanos pudieron denunciar posibles delitos electorales. El Gobierno anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes suministraran información que permitiera detectar irregularidades durante la jornada electoral.
Otras medidas del decreto electoral
El Decreto 0188 de 2026 también contempló otras medidas tradicionales para garantizar el orden público durante la jornada electoral, entre ellas la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas y el cierre de fronteras durante el periodo de votación.
Estas disposiciones buscaron asegurar el normal desarrollo de las elecciones y fortalecer la transparencia del proceso democrático en todo el territorio nacional.
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