jueves, 06 agosto 2026

EL MEDIO DE COMUNICACIÓN CON MAYOR CREDIBILIDAD EN LA REGIÓN PACÍFICA

    CGN acusó al Gobierno de improvisar con los impuestos

    El Consejo Gremial Nacional (CGN), ahora bajo la presidencia de Camilo Sánchez, emitió un pronunciamiento oficial con el que rechazó con contundencia el proyecto de decreto del Gobierno Nacional. La iniciativa busca modificar el mecanismo de autorretención y aumentar las bases mínimas de retención en la fuente para anticipar impuestos del año 2026.

    “Reforma tributaria encubierta”: fuerte crítica del CGN

    La organización empresarial calificó la medida como una “reforma tributaria encubierta”. Señaló que el decreto representa una maniobra de caja sin sustento técnico ni visión de largo plazo. El CGN acusó al Gobierno de imponer un “crédito forzado” al sector productivo con el fin de financiar el déficit fiscal causado por la ineficiencia en el gasto público.

    Según el CGN, la medida afecta directamente el flujo de caja de empresas, trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes. Esta situación, advirtieron, castigó el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales del crecimiento económico. Con base en cálculos de Fedesarrollo, el CGN estimó que el anticipo de impuestos alcanzaría los $13,9 billones, lo que equivale al 0,8% del PIB. Esta carga adicional podría agravar el hueco fiscal en 2026 y poner en riesgo tanto la regla fiscal como la calificación crediticia del país.

    El CGN también expresó preocupación por las implicaciones jurídicas del decreto. Cuestionó la intención de aplicar una autorretención del 3,5 % a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Mencionó específicamente a las organizaciones sin ánimo de lucro contempladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Para el gremio, esta aplicación constituye un pago sin causa tributaria y una violación del principio de legalidad.

    Además, criticaron la ausencia de mecanismos de compensación para estas entidades. Aseguraron que esta omisión genera un impacto negativo sobre su flujo de caja.

     

     

    Llamado al Ejecutivo: recortar gasto en lugar de trasladar la carga

    En su declaración, el CGN instó al Ejecutivo a priorizar el recorte del gasto público. También exigió mayor eficiencia en la inversión estatal, en lugar de trasladar la carga fiscal al sector productivo. Solicitó una revisión jurídica y técnica rigurosa del decreto. Según el gremio, el proyecto altera el régimen fiscal vigente sin estar respaldado por una reforma legal.

    Hasta el momento, ningún político ha emitido un pronunciamiento específico sobre este decreto. Sin embargo, el contexto político sugiere que sectores de oposición como el Centro Democrático y figuras conservadoras se alinearán con la posición del CGN. Líderes como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia suelen criticar las medidas tributarias del Gobierno Petro, alegando que aumentan la carga fiscal y desincentivan la inversión.

    Por otro lado, se espera que aliados del Gobierno y miembros del Pacto Histórico defiendan el decreto. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha respaldado en el pasado medidas similares. Ha argumentado que son esenciales para garantizar la sostenibilidad fiscal y financiar programas sociales.

    Antecedentes: críticas al Presupuesto 2025 y la Ley de Financiamiento

    En septiembre de 2024, el CGN ya había expresado su preocupación por el rumbo fiscal del país. Criticó el Presupuesto General de la Nación para 2025, que representa el 29,4% del PIB. También cuestionó el aumento del gasto de funcionamiento, que alcanzó los $327,9 billones. Señaló el crecimiento del servicio de la deuda a $112 billones y advirtió sobre una reducción en la inversión pública de $82,5 billones, lo que representa una caída del 17,4% frente a 2024.

    El gremio expresó que estas decisiones no favorecen la reactivación económica. Además, manifestó que las proyecciones de recaudo de la DIAN podrían estar sobreestimadas, lo cual elevaría el déficit fiscal por encima de los $84 billones proyectados.

    El decreto aún no ha sido debatido en las comisiones económicas del Congreso. No obstante, se espera que pronto se convierta en uno de los temas más relevantes de discusión política y económica. La postura del CGN ya había subido las alarmas en el sector empresarial. Se prevé que esta controversia escale en los próximos días, a medida que otros actores institucionales fijen su posición pública sobre la medida.

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