Las comunidades del Micay expresan su preocupación ante la militarización de su territorio y la represión sufrida durante una movilización pacífica el 6 de marzo. La protesta surgió tras el anuncio del director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. Él informó sobre la reanudación de la erradicación forzada de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño. Dentro de este plan, se incluyen más de 8.000 hectáreas en el Cañón del Micay.
El comunicado de las comunidades señala que el Gobierno tomó estas medidas sin dialogar ni concertar con la población afectada. Además, denuncian que estos planes coinciden con la intención de construir la represa Arrieros del Micay y otros megaproyectos en la región. Esto representa una amenaza para la biodiversidad y la forma de vida de los habitantes del sector.
Denuncian represión y uso de la fuerza
El documento relata que, tras la llegada masiva de la unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO, antes ESMAD), las comunidades del Micay organizaron una movilización. Esta avanzó desde la vereda La Hacienda hacia el corregimiento de El Plateado. Su objetivo era dialogar y encontrar una solución pacífica a la creciente tensión. Sin embargo, los manifestantes denunciaron amenazas y provocaciones por parte de la fuerza pública. Esto generó enfrentamientos.
Durante los hechos, las comunidades del Micay reportaron que el Ejército utilizó armas de fuego, incluyendo disparos de ametralladoras y fusiles. También mencionan el uso de armas no letales con fines lesivos. Según los testimonios, varios miembros de la comunidad sufrieron heridas en el rostro y el cuerpo. Además, niños y adultos mayores presentaron afectaciones respiratorias por los gases utilizados. El uso de cañones de artillería también causó daños en la biodiversidad. Por estos hechos, los habitantes exigen atención médica y reparación por las afectaciones sufridas.
Protección a miembros de la fuerza pública
En medio del enfrentamiento, según las comunidades, un grupo de 28 miembros de la fuerza pública quedó aislado en la zona. Entre ellos, había 26 integrantes de UNDEMO, un teniente coronel de la Policía y un mayor del Ejército. Las comunidades decidieron proteger a estos funcionarios y garantizar su bienestar. Les brindaron alimentación, hidratación y atención médica hasta que existieran condiciones seguras para su regreso. Aunque el Ministerio de Defensa, afirmó que son 29 los uniformados retenidos.
Condenamos enérgicamente el intento de homicidio y secuestro de 29 integrantes de la Fuerza Pública, a manos de la ‘Carlos Patiño’ y comunidades instrumentalizadas en El Plateado y La Hacienda en Argelia y El Tambo, respectivamente, en Cauca. La vida y seguridad de los… pic.twitter.com/IOSH1dTQJD
— Mindefensa (@mindefensa) March 7, 2025
Las comunidades del Micay rechazan las versiones divulgadas por el Ejército y el Ministerio de Defensa sobre lo sucedido. También critican la difusión de estas informaciones en algunos medios de comunicación. Asimismo, denuncian amenazas de nuevos ataques por parte de la fuerza pública. Ante esta situación, reiteran su exigencia de establecer un diálogo directo con el Gobierno. Insisten en que esta es la única vía para evitar la escalada del conflicto. Buscan garantizar la construcción de una paz con justicia social y ambiental en la región.
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