San Antonio, comuna 10 y 12, bajo control de estructuras ilegales
La crisis por el conflicto armado en Buenaventura se profundiza con el desplazamiento de al menos 30 familias del barrio San Antonio, donde los enfrentamientos entre estructuras ilegales han desatado una nueva emergencia humanitaria. La violencia no solo afecta a este sector, sino que se extiende a otras zonas populares del puerto, donde el temor y el abandono institucional son el pan de cada día.
Familias desplazadas por control territorial
Los hechos más recientes ocurrieron en el barrio San Antonio, donde grupos armados obligaron a decenas de personas a abandonar sus hogares. La situación es aún más preocupante en las comunas 10 y 12, donde, según confirmó la Defensoría del Pueblo, se presentan desplazamientos intraurbanos constantes.
Habitantes denuncian que los grupos armados no solo amenazan, sino que se apropian ilegalmente de las viviendas vacías: “En algunos lugares la gente se va y otras personas, que todos sabemos quiénes son, se apropian de las casas”, relató una víctima.
Estas prácticas evidencian que el conflicto armado en Buenaventura no es solo una lucha por el control social, sino también por la ocupación y explotación de bienes raíces en zonas vulnerables.
Pedimos garantías urgentes para la vida y la seguridad de la población en Buenaventura
Expresamos nuestra preocupación y rechazo frente a la masacre ocurrida en las últimas horas en la zona del río Naya, en el distrito de Buenaventura, en los límites entre los departamentos del…
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 21, 2025
Defensoría del Pueblo advierte nueva emergencia
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que brinde garantías reales de seguridad a la población afectada. La entidad reiteró que Buenaventura es el epicentro del desplazamiento intraurbano en Colombia, lo cual ha obligado a familias a huir incluso hacia ciudades como Cali, Palmira y Buga.
Comunas sitiadas y respuesta institucional limitada
A pesar de múltiples alertas, la presencia institucional sigue siendo insuficiente. Las comunidades sienten abandono por parte del Estado y reclaman soluciones frente a una violencia que se transforma, pero no cesa.
Los habitantes piden que el conflicto armado en Buenaventura sea atendido con urgencia, con políticas efectivas y presencia continua del Estado en los barrios más afectados.
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