Conflicto armado en Colombia: más de 27.000 integrantes en grupos ilegales y deterioro de la seguridad en 2026
El conflicto armado en Colombia inicia el año 2026 con señales claras de deterioro en materia de seguridad, control territorial y protección a la población civil. Así lo concluye el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, que advierte un crecimiento sostenido de los grupos armados ilegales, el aumento de las disputas violentas y un impacto humanitario cada vez más profundo, en un contexto marcado por el inicio del calendario electoral.
De acuerdo con el balance, más de 27.000 hombres y mujeres integran actualmente los grupos armados ilegales en Colombia, entre combatientes y redes de apoyo. Esta cifra representa un incremento cercano al 20 % frente a 2024, lo que equivale a más de 5.000 nuevos integrantes en solo un año, pese a las operaciones militares, los procesos de negociación y las estrategias de sometimiento promovidas por el Estado.
Crecimiento de los grupos armados ilegales en Colombia
Uno de los datos más preocupantes del informe es el fortalecimiento de estructuras como el Clan del Golfo, que registró un aumento del 30 % en su pie de fuerza, consolidándose como el grupo con mayor expansión durante 2025. Le siguen las disidencias de las Farc, encabezadas por alias ‘Mordisco’, con un crecimiento del 23 %, y las estructuras asociadas a ‘Calarcá’, que aumentaron un 22 %.
Según la FIP, este crecimiento se explica por la capacidad de los grupos para ofrecer ingresos, protección y control social en territorios donde la presencia estatal sigue siendo limitada, lo que debilita el impacto de las acciones de la Fuerza Pública y las políticas de paz.
Seguridad en Colombia 2026: más disputas y control territorial
El conflicto armado en Colombia alcanzó en 2025 el mayor número de disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre grupos ilegales crecieron un 34 %, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la competencia por rutas estratégicas y economías ilegales. Actualmente, al menos 13 zonas del país se encuentran en disputa activa, casi el doble de las registradas en 2022.
El informe también alerta sobre el incremento de los ataques contra infraestructura y bienes civiles (58 % más que en 2024) y contra la Fuerza Pública (62 % de aumento). A esto se suma el uso intensivo de drones cargados con explosivos: 277 ataques fueron registrados en 2025, más del doble que el año anterior.
Impacto humanitario y desafíos para el Estado
El deterioro del conflicto armado en Colombia tuvo un impacto humanitario severo. El desplazamiento forzado aumentó un 85 %, especialmente por la crisis del Catatumbo, que obligó a 92.000 personas a abandonar sus hogares. Aunque los homicidios solo crecieron un 3 %, la FIP advierte que esta cifra no refleja una reducción real del poder armado, sino estrategias criminales más silenciosas. El secuestro, por su parte, aumentó un 133 %, con una modalidad cada vez más urbana y extorsiva.
Pese a que la Fuerza Pública incrementó sus acciones en un 34 %, el informe concluye que la capacidad del Estado sigue a prueba. La Fundación subraya la necesidad de ajustes urgentes, mayor coordinación institucional y una estrategia integral que combine seguridad, justicia e investigación criminal, advirtiendo que la política de Paz Total no puede traducirse en tolerancia frente a la violencia.
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