El presidente Gustavo Petro aseguró que la convocatoria a una consulta popular está amparada en la ley y que su decreto no representa ninguna irregularidad jurídica.
A través de su cuenta de X, el mandatario defendió que el artículo 33c de la Ley 1757 de 2015 sustenta legalmente su decisión, incluso si el Senado no emite un concepto previo favorable o desfavorable.
“El juez al establecer por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenar, sin que haya sido acatado, la apelación de la senadora María José Pizarro, determinó que no se finiquitó el voto por el concepto previo, ni desfavorable ni favorable. No se perfeccionó la votación”, explicó Petro.
Según Gustavo Petro, esta omisión habilita al Ejecutivo para expedir el decreto, evitando así un posible prevaricato.
Además, reveló que el Gobierno tenía contemplado frenar la consulta si el Senado aprobaba la reforma laboral bajo los términos acordados en la Cámara de Representantes, incluyendo consensos con los gremios.
El Congreso no trabajó este martes
Sin embargo, Petro denunció que el presidente del Senado “decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes” para impedir que el Gobierno pudiera usar la Ley 1757, cuyo plazo para trámite vence este 12 de junio.
El mandatario también cuestionó que se utilizara el atentado contra el senador Miguel Uribe como excusa para frenar la agenda legislativa.
“Usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral”, afirmó.
Finalmente, Petro insistió en que tanto el Gobierno como los ciudadanos tienen la facultad de solicitar una consulta popular, y reiteró que el Ejecutivo tiene el poder para avanzar con el decreto, pese a las dilaciones del Congreso.
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