Durante un evento oficial en Ocaña, Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre el grave caso de abuso sexual que involucra a varios menores en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá.
El mandatario afirmó que el presunto agresor fue contratado por una fundación privada, a pesar de que el jardín pertenece al Estado.
“El violador lo contrató una fundación privada. ¿Y qué hace una fundación privada dirigiendo un jardín infantil que es del Estado?”, cuestionó el jefe de Estado en medio del lanzamiento de una jornada deportiva escolar complementaria en la región.
Se debió eliminar la tercerización
Petro aprovechó la ocasión para reiterar su orden de eliminar la tercerización en el ICBF, es decir, que la entidad opere directamente sus programas sin intermediación de organizaciones privadas. Según expresó, esa directriz no se ha cumplido.
“Yo le di la orden a la directora del ICBF hace ya unos años de este gobierno que se acababa la tercerización (…) y no me han cumplido. Así que Angie, si está por ahí, la semana entrante, después de China, hay reunión con la directora del ICBF para saber por qué ese jardín infantil seguía en manos privadas”, advirtió el presidente.
El mandatario también criticó la privatización de la educación en administraciones anteriores, señalando que esta política ha derivado en la contratación de personal no idóneo en entornos educativos sensibles.
“Privatizaron los jardines infantiles y muchos de los directores de esos jardines, por hacerse un billete, contratan porquería en vez de profesionales para educar a los niños”, denunció.
Además, el presidente solicitó al ministro de Educación revisar el manejo de los recursos destinados a la contratación de docentes en los departamentos y municipios del país.
“Si no se hizo así, ministro, saque resolución, yo la firmo como decreto presidencial.”
Se debe cumplir orden del gobierno
“Mandamos a la Procuraduría al que no haya cumplido en el municipio, porque la orden del Gobierno Nacional, a pesar de la descentralización, es para cumplirla”, concluyó.
El caso continúa generando indignación y reabre el debate sobre la tercerización de servicios públicos esenciales y la protección de los derechos de los niños en el país.
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