Gobierno Petro aceleró los contratos del Gobierno Petro horas antes de la Ley de Garantías
A pocas horas de que la Ley de Garantías entrara en vigencia entre el 7 y el 8 de noviembre, distintos sectores políticos denunciaron una aceleración inusual en los contratos del Gobierno Petro, lo que ha desatado un debate nacional sobre transparencia y uso de los recursos públicos. Las denuncias fueron realizadas por la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal Daniel Briceño, quienes aseguraron que se firmaron convenios por montos que alcanzan cifras billonarias en un corto lapso.
Un incremento súbito en los contratos del Gobierno Petro
Miranda afirmó que, en menos de 24 horas, el Ejecutivo suscribió más de $1,5 billones en contratación, describiendo la situación como una “maratón” previa a las restricciones que impone la Ley de Garantías. Según los registros que presentó, el monto pasó de $1,02 billones a $2,52 billones entre el 7 y 8 de noviembre, lo que representa un incremento del 140% en un solo día. Para ella, estas decisiones “ponen en duda la transparencia del manejo de los recursos públicos” durante el gobierno de Gustavo Petro.
Cifras que no coinciden, pero alertan sobre el ritmo de la contratación pública
Mientras Miranda habla de más de $1,5 billones firmados en cuestión de horas —y hasta $9 billones en convenios durante la semana previa—, Briceño presentó un cálculo diferente. Según el concejal, entre el 1 y el 7 de noviembre se suscribieron convenios interadministrativos por $2,1 billones. Aunque las cifras no coinciden plenamente, ambas denuncias coinciden en la preocupación por la velocidad de los contratos del Gobierno Petro justo antes de las restricciones electorales.
Los sectores donde se concentraron los convenios
De acuerdo con los documentos divulgados por Briceño, el Ministerio del Trabajo lideró la contratación con más de $775.096 millones, seguido del Ministerio del Interior con $211.662 millones. También figuran entidades como MinTIC, Unidad de Víctimas y la Agencia de Desarrollo Rural, sectores que firmaron decenas de convenios en tiempos reducidos, elevando las dudas sobre la contratación pública en vísperas electorales.
Llamado a los entes de control
Miranda y Briceño solicitaron a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía investigar si el Gobierno de Gustavo Petro utilizó la contratación como mecanismo político previo a las elecciones. Hasta el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado frente a estas denuncias, mientras crece la presión ciudadana para aclarar si la rapidez en los contratos del Gobierno Petro respetó la Ley de Garantías o la evadió.
Le puede interesar:
Armero 40 años: la tragedia que marcó a Colombia
