Corrupción Chocó: Corte Suprema impone pena de 92 meses por desvío de recursos públicos
La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado del Chocó, David Emilio Mosquera Valencia, a 92 meses de prisión (7 años y 8 meses) por el delito de peculado por apropiación agravado a favor de terceros, dentro de un caso emblemático de corrupción en el Chocó. El fallo judicial se relaciona con un detrimento patrimonial superior a los 2.200 millones de pesos que afectó directamente al Fondo Educativo Regional del departamento.
Además de la pena privativa de la libertad, la Sala Penal del alto tribunal impuso al exmandatario una inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la condena y una multa que supera los 4.444 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia también contempla orden de captura inmediata una vez quede en firme.
Por irregularidades en la expedición de dos resoluciones que reconocieron pagos de prestaciones sociales, la #SalaEspecialDePrimeraInstancia condenó al
exgobernador encargado del departamento del Chocó, David Emilio Mosquera Valencia.➡️Ver comunicado: https://t.co/5p61x00eEy pic.twitter.com/ekbjvf7Y23
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) July 2, 2025
Pagos irregulares y resoluciones sin soporte legal
De acuerdo con la investigación, Mosquera Valencia autorizó pagos por concepto de prestaciones sociales y sanciones moratorias a 50 supuestos exfuncionarios del desaparecido Fondo Educativo Regional (FER) del Chocó, entre 2008 y 2009. Estos pagos se hicieron sin la debida competencia legal y sin disponibilidad presupuestal.
La Corte calificó las resoluciones administrativas utilizadas para avalar estos pagos como gravemente viciadas, al vulnerar los principios de legalidad y control fiscal. Este caso de corrupción en el Chocó demuestra cómo la manipulación de trámites administrativos se traduce en millonarios daños al erario.
Impacto en una región históricamente marginada
La pérdida de más de $2.208 millones en un departamento como el Chocó —con altos niveles de pobreza, brechas educativas y carencias estructurales— constituye un golpe profundo al bienestar colectivo. Casos como este profundizan la desconfianza ciudadana y el rezago institucional, afectando directamente el desarrollo social y económico del territorio.
Seguimiento judicial y alerta en organismos de control
Aunque la sentencia aún no ha quedado en firme, la Corte Suprema dejó en firme su cumplimiento inmediato tras agotar los recursos de ley. Se espera que los organismos de control intensifiquen las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en otras áreas de la región. Este fallo sienta un precedente importante frente a la lucha contra la corrupción en el Chocó, evidenciando la necesidad de vigilancia constante y transparencia en la gestión pública.
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