Corte Constitucional exige reglamentar urgente ley sobre obesidad  como enfermedad

Una decisión histórica destaca la importancia de la alimentación para la salud y falla a favor de una demandante afectada por obesidad.

En una trascendental resolución, la Corte Constitucional ha emitido una orden al Gobierno Nacional para reglamentar y promover la ley que reconoce la obesidad como una prioridad en salud pública. El fallo surge a raíz de un caso donde la Nueva EPS negó a una mujer la valoración multidisciplinaria necesaria para determinar su idoneidad para una cirugía, desatando una batalla legal.

La lucha judicial de la demandante

La demandante argumentó que la negativa de la EPS constituía una violación de sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y el mínimo vital. A pesar de perder en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional intervino al considerar que la EPS ignoró las afectaciones físicas y psicológicas de la obesidad, limitando la capacidad de la afectada para vivir plenamente.

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Respaldo de la organización mundial de la salud

La sentencia citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para diversas condiciones de salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes y cánceres. También señaló el impacto psicológico relacionado con la insatisfacción del aspecto físico.

La Corte hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre su deber de reglamentar y promover políticas públicas relacionadas con la alimentación saludable, la actividad física y la educación sobre los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo.

Alcance de la obesidad en la población

Destacando que la obesidad afecta tanto a adultos como a niños, niñas y adolescentes, la sentencia subraya que las medidas existentes para prevenirla no han sido suficientes, permitiendo que esta enfermedad permee en la población en su conjunto.

En el caso específico, la Corte revocó las decisiones previas y ordenó a la Nueva EPS realizar una valoración médica por un grupo multidisciplinario para determinar la viabilidad de una cirugía bariátrica para la demandante. Esta decisión sienta un precedente crucial en la lucha contra la obesidad, destacando la necesidad de abordar de manera integral este problema de salud pública.

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