En una medida sin precedentes, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden para el traslado inmediato de los detenidos en centros transitorios, tras detectar graves problemas de hacinamiento y condiciones inadecuadas en estos lugares. La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario, Carcelario y en los Centros de Detención Transitoria (CDT) hizo pública esta decisión luego de una serie de investigaciones exhaustivas que revelaron condiciones alarmantes.
Altos Índices de hacinamiento
En su informe, la Sala Especial destacó que, en junio de este año, los centros transitorios alojaban a 22.751 personas, mientras que su capacidad máxima es de solo 9.691. Esto representa una sobrepoblación del 135%, es decir, 13.060 personas de más. Esta situación no solo exacerba el hacinamiento, sino que también agrava los problemas relacionados con la prestación de servicios básicos como alimentación y salud.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la falta de acceso adecuado a servicios médicos y la mala calidad de los alimentos. En particular, en el CDT de Chocontá, Cundinamarca, los detenidos extranjeros enfrentan una situación aún más crítica, dependiendo de la caridad de sus compañeros y de restos de comida para su sustento diario.
Condiciones inhumanas
El informe también subraya que exceder el límite de 36 horas de detención en estos centros transitorios, constituye una violación a la Constitución y la ley. Debido a que las condiciones en las que se encuentran los detenidos son consideradas inhumanas. La falta de instalaciones básicas, como lavamanos y duchas, impide a los detenidos mantener un mínimo de dignidad y comodidad.
La Corte ha ordenado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que realicen el traslado inmediato de todas las personas detenidas en los centros transitorios hacia distintos establecimientos de reclusión a nivel nacional. Esta medida busca aliviar el hacinamiento y asegurar que los detenidos sean reubicados en condiciones que respeten sus derechos fundamentales.
La Sala Especial criticó la falta de compromiso de los actores involucrados en el sistema penitenciario para resolver esta crisis. Calificando los CDT como una “tragedia humanitaria” que avergüenza al país. La Corte también hizo un llamado a las autoridades para que implementen reformas efectivas y sostenibles que prevengan la repetición de tales situaciones.
Se espera que la implementación de esta medida proporcione alivio inmediato a los detenidos y genere un cambio positivo en el sistema penitenciario colombiano. La sociedad y las organizaciones de derechos humanos continúan atentas a la evolución de esta crisis y al cumplimiento de las órdenes judiciales
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