domingo, 02 agosto 2026

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    EPS Sanitas: Corte anula intervención del Gobierno

    En un fallo que marca un precedente jurídico en el sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional anuló la intervención que el Gobierno Nacional había impuesto sobre la EPS Sanitas desde abril de 2024.

    La decisión también deja sin efecto la prórroga de un año más firmada en abril de 2025.

    La medida judicial ordena el levantamiento inmediato de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Sanitas S.A.S., que había ejecutado mediante la resolución No.2024160000003002-6, firmada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

    Violación al debido proceso y falta de garantías

    La Corte concluyó que la intervención vulneró el derecho al debido proceso, al no cumplir con los lineamientos previos del alto tribunal respecto al monitoreo y gestión del sistema de salud.

    La Superfinanciera y la Supersalud no habrían considerado elementos clave como la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el reconocimiento de presupuestos máximos y la revisión técnica de cifras oficiales.

    Además, el fallo enfatiza que las acciones del Gobierno no respetaron las garantías mínimas para las entidades afectadas, incluyendo a la red de clínicas y a la empresa matriz Keralty S.A.S.

    Posturas divididas en la Corte

    Aunque la decisión fue adoptada por mayoría, el magistrado Vladimir Fernández Andrade –exsecretario jurídico de la Presidencia– emitió un voto salvado, defendiendo la legalidad de la intervención.

    Además, esta división evidencia el debate interno que generó el caso en la Sala Plena.

    Usuarios en incertidumbre y Sanitas retoma operaciones

    Así mismo, con este pronunciamiento, la EPS Sanitas, una de las más importantes del país, retoma su autonomía operativa tras más de un año de intervención.

    Según reportes de medios de comunicación, miles de usuarios vivieron meses de incertidumbre sobre el futuro de sus servicios médicos.

    La Corte Constitucional reiteró que cualquier medida estatal en el sector salud debe respetar el marco legal, técnico y administrativo, garantizando así la correcta prestación del servicio y la protección de los derechos de los ciudadanos.

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