Corte Constitucional tumba decreto de aporte en factura de energía para La Guajira
En una decisión contundente, la Corte Constitucional de Colombia declaró la inexequibilidad del decreto legislativo 1276 de 2023, emitido por el presidente Gustavo Petro, que imponía un impuesto de energía para La Guajira. Este decreto establecía un aporte en las facturas de estratos 4, 5 y 6, así como en empresas comerciales e industriales, con el propósito de financiar proyectos de energización en el departamento.
La providencia de la Corte determina que los recursos recaudados, que ascienden a $1,000 para usuarios residenciales y $5,000 para comerciales e industriales, deberán ser devueltos por el Ministerio de Hacienda en un plazo máximo de seis meses.
Además, la Corte tumbó otros dos decretos vinculados con la Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. Uno de ellos, permitía a Ecopetrol ejecutar proyectos de energías renovables y autorizaba a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establecer un régimen tarifario especial y diferencial.
La Corte Constitucional sostuvo que estos decretos eran inconstitucionales, ya que no estaban relacionados con la prestación de servicios de agua o saneamiento básico. La medida busca salvaguardar principios democráticos y de legalidad en materia tributaria.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, junto con la Fiscalía General de la Nación, serán responsables de asegurar la correcta gestión de los recursos destinados al acceso al agua potable y saneamiento básico.
En medio de esta decisión, La Guajira se enfrenta a un panorama de incertidumbre, mientras el Gobierno deberá idear estrategias para la devolución de los recursos y replantear su enfoque en la solución de la crisis humanitaria en la región.
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