El derroche electoral del CNE: $438 mil millones con sobrecostos y favorecimientos
El derroche electoral del CNE quedó al descubierto en 2025, luego de que el Consejo Nacional Electoral pasara de ser una entidad con bajo presupuesto a manejar cerca de un billón de pesos anuales, tras adquirir independencia administrativa y financiera. Aunque la atención pública se ha centrado en la investigación y sanción a la campaña presidencial de Gustavo Petro, una investigación periodística reveló que, en paralelo, el organismo ha comprometido $438 mil millones en contratos con presuntos sobrecostos y favorecimientos.
Contratos del CNE bajo la lupa
De acuerdo con una investigación de La Silla Vacía, casi la mitad del presupuesto del CNE se ha destinado a la acreditación y capacitación de testigos electorales, una función esencial para la transparencia democrática, pero que históricamente había sido de bajo costo para el Estado. En las elecciones de 2022, por ejemplo, este proceso costó apenas $9 mil millones para Congreso y Presidencia.
El contraste es evidente: mientras el gasto en testigos electorales se dispara, otras funciones clave como la vigilancia de los gastos de campaña siguen operando con plataformas obsoletas, como Cuentas Claras. Según los cálculos revelados, con los recursos destinados a estos contratos, el Estado podría incluso financiar hasta 11 campañas presidenciales completas, cada una con el tope legal permitido para la primera vuelta.
Una empresa recurrente: LinkTic
En medio del derroche electoral del CNE, un nombre se repite en la contratación: LinkTic SAS. Esta empresa ha concentrado la mayoría de los contratos relacionados con testigos electorales, algunos adjudicados bajo la figura de urgencia manifiesta, y por valores que han ido escalando de manera exponencial.
Desde finales de 2024 y durante 2025, el CNE ha firmado cinco contratos por cerca de $44 mil millones para elecciones atípicas, consultas populares y procesos internos, además de uno proyectado por $384 mil millones para las elecciones de 2026. Este último contrato, incluso, no incluye los costos de una eventual segunda vuelta presidencial.
Sobreprecios y falta de competencia
Los documentos revisados muestran que los precios de los componentes tecnológicos —plataformas web, aplicaciones móviles, tableros de control y sistemas de ciberseguridad— aumentan de forma desproporcionada, pese a que las especificaciones técnicas exigidas son similares entre contratos. En algunos casos, el valor de un mismo componente se multiplicó hasta 38 veces.
Empresarios del sector tecnológico advirtieron durante los procesos de contratación que los pliegos parecían diseñados para favorecer a un único oferente, lo que habría limitado la competencia. Sin embargo, estas observaciones fueron desestimadas por el CNE, y en varios procesos LinkTic terminó siendo el único proponente.
Respuestas oficiales y cuestionamientos internos
Desde el Consejo Nacional Electoral se ha negado cualquier favorecimiento indebido y se ha insistido en que los valores responden a una “solución integral” que incluye capacitación presencial, analítica de datos y altos estándares de seguridad. LinkTic, por su parte, aseguró que “los contratos se han ejecutado conforme a los alcances pactados” y que no interviene en la elaboración de los pliegos.
No obstante, magistrados del propio CNE, que pidieron reserva de su identidad, señalaron falta de transparencia y dificultades para acceder a la información contractual, lo que refuerza los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos.
Un debate que impacta la democracia
El derroche electoral del CNE no solo plantea dudas sobre la eficiencia del gasto público, sino que abre un debate de fondo sobre transparencia, control y confianza ciudadana en la organización de las elecciones, especialmente de cara a los comicios de 2026.
Mientras los órganos de control evalúan la legalidad y conveniencia de estos contratos, el país observa con atención cómo una entidad llamada a garantizar la limpieza del sistema electoral enfrenta cuestionamientos por el uso de recursos que, paradójicamente, buscan proteger la democracia.
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