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Atendiendo a la prioridad y el llamado del Gobierno departamental en temas relacionados con la defensa y protección de los líderes sociales, el Ministro del Interior desarrollará este viernes 2 de febrero varios encuentros con líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos del Cauca. En horas de la mañana, en el centro de Convenciones Casa de la moneda de la ciudad de Popayán, se llevará a cabo la Mesa de Garantías de Derechos Humanos,  que tiene como objetivo generar un espacio de encuentro y participación de los colectivos y líderes con las autoridades y el Gobierno Nacional. En horas de la tarde, en el salón de los espejos de la Gobernación del Cauca,  el Vicepresidente de la república, General (R),  Óscar Naranjo en Compañía del Gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado y el Ministro del Interior, Guillermo Rivera,  presidirán la Comisión Intersectorial Para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), que fue creada a través del decreto 2124 de 2017, y permite coordinar y poner en marcha de manera oportuna las medidas preventivas y de reacción rápida por parte de autoridades y entidades, a las alertas y denuncias frente al cuidado de los líderes sociales. En este encuentro también participan Paula Gaviria; Consejera Presidencial para los DDHH; Yolanda Pinto, Directora Unidad de Víctimas; Diego Mora, Director UNP; Altos Mandos militares y de Policía; autoridades judiciales; representantes de las comunidades; organizaciones de DDHH y organizaciones sociales Comisión de Seguimiento Electoral Posterior a estos eventos,  se desarrollará una importante reunión con los representantes de la  Comisión de Seguimiento electoral y el Ministro del interior, donde también participa de manra activa la Gobernación del Cauca,  con el objetivo de presentar a los ciudadanos la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), donde pueden realizar sus denuncias sobre presuntos delitos electorales. En este espacio el Gobierno Nacional  también escuchará las sugerencias y recomendaciones de las autoridades electorales, administrativas, disciplinarias, judiciales y la fuerza pública en territorio, para garantizar la transparencia y normal desarrollo de los comicios.

Un parte de tranquilidad fue entregado por parte de las autoridades judiciales, luego que en redes sociales circulara un documento que se filtró a las autoridades, en el que hablan de un supuesto atentado contra la fuerza pública, por parte del Ejército de Liberación Nacional, el cual carece de verificación y confirmación. Lo expuesto por las instituciones, es que el documento si se filtró y no saben como, pero que con este tipo de cosas lo que hacen es generar alarma en la ciudadanía. «Es un documento preventivo, aún sin verificar lo que allí se menciona», indicaron fuentes oficiales a este medio de comunicación; manifestando además, que hasta el momento no se puede decir que esto sea cierto, y que de llegar a ser así, se tomarán las medidas de seguridad necesarias. Además, que  estos documentos son herramientas de información preliminar que se utilizan en actividades preventivas en contra de la delincuencia, en temas de código nacional de policía y de actividades de tipo preventivo, cuando se reciben informaciones de la comunidad, de informantes , funcionarios públicos o líderes; los cuales inician el proceso de tratamiento de información y depuración, para saber que tan reales son. Desde el comando de la Policía Metropolitana, se informó, que este es un hecho que se está investigando, pero sobre todo, se tomaran los correctivos necesarios para dar con el responsable de filtrar este documento de manera irresponsable, que lo único que generó fue susto en la comunidad, con una información que no ha sido confirmada por los entes de investigación. «podemos entregar un parte de tranquilidad, teniendo en cuenta que en esta capital siempre se ha contado con operativos constantes contra las milicias, además, que nuestros equipos de inteligencia están al tanto de lo que pueda ocurrir», se dijo desde el comando de la Metropolitana.    

El feminicida identificado como Carlos Humberto Luna, se fugó de la cárcel del municipio de Corinto, donde se encontraba recluido desde el pasado 29 de enero, luego de asesinar con arma blanca a su ex compañera sentimental, hecho ocurrido en inmediaciones del hospital del municipio en mención. Según información preliminar, este sujeto se fugó en la madrugada de hoy, en medio de un descuido por parte de la guardia del INPEC; a esta hora se realizan operativos en la cabecera municipal de Corinto con el fin de dar con el paradero de este asesino. Cabe recordar, que la víctima de este sujeto fue identificada como Estefanía Dayana Cabrera Fernández,quien recibió más de 14 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, lo que le causó su muerte. Este hecho, fue considerado por las autoridades del departamento como un feminicidio, siendo el tercero en menos de un mes en el departamento, y todos cometidos en el municipio de Corinto, norte del Cauca, ya que los dos primeros fueron los cometidos contra las dos adolescentes en manos de un menor de edad, quien está en la Toribio Maya de la ciudad de Popayán.

Por supuestas irregularidades en un proceso de contratación, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en contra de un ex alcalde y un ex secretario de planeación de Miranda (Cauca). Así se cumplió hoy, en audiencia preliminar de formulación de cargos, ante un juez de control de garantías del municipio en mención, en el marco del Plan Bolsillos de cristal, cero tolerancia con la corrupción de la Fiscalía. Los hechos materia de investigación habría ocurrido durante el período 2008b y 2012, tiempo en el cual fungió como alcalde de Miranda Iber Jaramillo Díaz y como secretario de planeación, Jaime Pinchazo Ágredo. Según la Fiscalía, mediante la suscripción de varios contratos para el mantenimiento de la escombrera municipal, habría fraccionado la partida, violando los principios de contratación pública. Un fiscal de Administración pública de Miranda les formuló cargos, los cuales no fueron aceptados por los hoy procesados, quienes no fueron objeto de medida de aseguramiento; sin embargo, continúan vinculados a la investigación.