La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, ordenó la detención de Uribe de manera inmediata, luego de condenarlo en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La magistrada argumentó que la medida busca:
“asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”.
Esta decisión, sustentada en una sentencia de más de 1.100 páginas, ha desatado un intenso debate en el ámbito jurídico y político. Aunque el exmandatario ha comparecido puntualmente a todas las audiencias, la jueza consideró que su “gran reconocimiento a nivel internacional” representa un riesgo de fuga latente.
#ATENCIÓN| La juez Sandra Heredia advierte que a pesar de que el expresidente @AlvaroUribeVel compareció a las audiencias, se hace necesario privarlo de la libertad inmediatamente ya que por “su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país,… pic.twitter.com/aF5DD5YUqI
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 1, 2025
Uribe deberá cumplir la pena en su residencia
Según lo dispuesto por el fallo, el expresidente será trasladado de inmediato a su finca en Rionegro, Antioquia, donde deberá cumplir la condena bajo régimen de casa por cárcel. La jueza también ordenó la activación de vigilancia carcelaria permanente y la suscripción de una caución judicial como garantía del cumplimiento.
La detención de Uribe se convierte así en una medida ejemplarizante, que según Heredia, busca evitar la percepción de impunidad en figuras públicas.
“Permitir que continúe en libertad concebiría la idea errada de que la igualdad ante la ley no preexiste en el ordenamiento jurídico”, escribió en su argumentación.
#EnDesarrollo “Me niegan el derecho a permanecer en libertad, y una de las razones es que es para evitar violencia”, agregó Uribe. pic.twitter.com/wUq9frnEDb
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Juristas y defensa rechazan la medida
El fallo ha sido duramente criticado por expertos en derecho penal. Francisco Bernate aseguró que “ningún pronóstico jurídico anticipó esta decisión”, mientras que Fabio Humar la calificó como “excesiva”, señalando que la pena esperada oscilaba entre 7 y 9 años.
Por su parte, el abogado Víctor Mosquera, integrante del equipo defensor, cuestionó la medida señalando que la sentencia a Álvaro Uribe aún no está en firme, y que la privación de la libertad viola la presunción de inocencia. “Se trata de una decisión con sesgo y exceso”, aseguró.
La defensa ya interpuso una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, mientras el país debate si la detención de Uribe puede estar jurídicamente sustentada solo en el argumento de la “convivencia ciudadana”.
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