El decreto que suspendía las operaciones ofensivas del Ejército contra las disidencias Calarcá expiró este 19 de mayo, generando un profundo debate sobre su efectividad y consecuencias.
Mandatarios regionales y analistas advierten que la medida favoreció el fortalecimiento de estos grupos armados ilegales, responsables de crímenes y expansión territorial en zonas vulnerables del país.
Alias Calarcá, uno de los cabecillas más visibles de las disidencias de las Farc, ha sido vinculado con múltiples hechos violentos en departamentos como Guaviare, Caquetá y Norte de Santander.
Desde la entrada en vigencia del decreto, estos grupos han sido señalados por el asesinato de al menos siete miembros de la Fuerza Pública en el sur del país, además de la utilización de drones en ataques que han puesto en riesgo a civiles, incluidos niños.
Gobernadores alzan la voz
Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del gobernador de Caquetá, quien denunció un impacto económico alarmante derivado de la extorsión ejercida por estos grupos.
“Solo en 2024, más de 2.000 empresas cerraron en el departamento; el 25 % de esos cierres se deben a las amenazas y pagos extorsivos”, afirmó.
Desde Antioquia, Julián Andrés Rendón también cuestionó las decisiones del Gobierno nacional.
“Lo único que se posibilitó fue que estos criminales crecieran en capacidades. Por ejemplo, utilizaron este mes para hacer cursos de explosivistas”.
¡No hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla!
Hoy, domingo 18 de mayo, se vence el plazo que el gobierno @petrogustavo les dio a las disidencias FARC de Calarcá para reagruparse y mostrar voluntad de paz. Llevan 3 años en esas: NI la voluntad, NI la paz.¿Del lado de… pic.twitter.com/I6Baqr3MXm
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) May 19, 2025
Expansión territorial y alerta nacional
Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, las disidencias de alias Calarcá operaron en 821 municipios durante 2024, lo que refleja un crecimiento sostenido de su influencia.
Esta expansión representa un desafío directo para la seguridad nacional y la estabilidad regional.
Mientras tanto, la opinión pública espera una decisión oficial por parte del Gobierno sobre si se renovará o no un nuevo decreto.
En medio del debate, los mandatarios locales piden al Ejecutivo revisar su estrategia y reactivar las operaciones militares con fuerza, argumentando que la seguridad de las comunidades no puede estar sujeta a pausas que permiten el avance del crimen organizado.
Te puede interesar:
Murió ‘Martín Sombra’, el carcelero de las Farc
