Disidencias presionan a comunidades en Jamundí y Sevilla para financiar vías ilegales
El secretario de Gobierno del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, denunció que las disidencias de las Farc están manipulando a las comunidades y a las Juntas de Acción Comunal (JAC) para exigir dinero con el fin de construir vías que no benefician a la población, sino al transporte de economías ilícitas. La situación afecta especialmente a los municipios de Jamundí y Sevilla, donde operan el Frente Jaime Martínez y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, respectivamente.
Extorsión disfrazada de obras comunitarias
“La gobernadora Dilian Francisca Toro rechaza el uso indebido que están haciendo los grupos alzados en armas en nuestro departamento. Pretenden usar a las comunidades y a las Juntas de Acción Comunal no solo para hacer asonadas contra nuestras tropas, sino también para pedirles dinero en términos de arreglos de vías”, explicó Londoño en rueda de prensa.
El funcionario advirtió que en Jamundí se han recibido denuncias sobre la vía que conecta El Descanso con el corregimiento de San Antonio, un camino que lleva más de diez años en pésimas condiciones. “No es una vía nueva, es prácticamente una trocha que la gente ha querido que se arregle, pero las disidencias buscan intervenirla para sacar su cadena logística asociada a economías ilícitas”, precisó.
JAC, blanco de presiones extorsivas
El municipio de Jamundí se ha convertido en un epicentro del conflicto en el sur del Valle. El Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central, ha intensificado su presencia en zonas rurales como Potrerito y Timba. En los últimos 18 meses se han registrado más de 45 hechos violentos en la región, incluyendo asesinatos de líderes sociales y ataques a la Fuerza Pública.
La Defensoría del Pueblo había alertado desde 2024 sobre el riesgo de que las disidencias instrumentalizaran a las JAC, obligándolas a legitimar cobros bajo el pretexto de obras comunitarias.
Sevilla: campesinos afectados por exigencias armadas
En el norte del Valle, el Frente 57 “Yair Bermúdez” presiona a campesinos e indígenas para que entreguen recursos destinados a supuestas reparaciones viales. Según Londoño, el objetivo real es consolidar corredores para el narcotráfico en zonas limítrofes con el Quindío. “No quieren arreglar las vías para que los campesinos saquen sus productos; las quieren para el narcotráfico y sus economías ilegales”, puntualizó.
Respuesta institucional de la Gobernación
La gobernadora Dilian Francisca Toro ha dispuesto la intervención de las vías rurales a través de maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, en coordinación con las alcaldías, con el fin de evitar que las obras caigan en manos de los grupos armados. En Sevilla también se instalará un Puesto de Mando Militar para fortalecer la presencia estatal.
Durante 2025, la Gobernación ha invertido más de 174 mil millones de pesos en dotación para las Fuerzas Públicas, con el objetivo de reducir la capacidad de acción de los grupos armados. Aunque se ha logrado disminuir parcialmente la extorsión a grandes empresas, las comunidades rurales siguen siendo las más expuestas.
Comunidades en medio de la zozobra
Líderes comunales de Jamundí y Sevilla han denunciado amenazas cuando se niegan a recolectar recursos o a participar en acciones contra la Fuerza Pública. Estas presiones han generado temor entre campesinos y comerciantes, aumentando el riesgo de desplazamientos forzados en ambas zonas.
Las autoridades insisten en que el control territorial de las disidencias debe enfrentarse con una estrategia integral que combine fuerza pública, inversión social y acompañamiento a las JAC, para que no sean vistas como instrumentos de los grupos armados, sino como actores legítimos de desarrollo comunitario y defensores del territorio.
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