En El Catatumbo, región del norte de Santander, la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, en particular el Frente 33, ha generado una grave crisis humanitaria dejando a más de 85.000 familias afectadas.
Desde hace un mes, esta conflictiva zona, fronteriza con Venezuela, ha sido escenario de intensos combates, que se libran principalmente por el control de las rutas de narcotráfico. Según los últimos reportes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el número de familias afectadas asciende a 84.621, de las cuales 52.286 han sido desplazadas de manera forzada.
Limitaciones de movilidad y confinamiento
Además, alrededor de 19.000 personas enfrentan restricciones de movilidad, y más de 8.600 viven en confinamiento, mientras que casi 4.700 son refugiados y migrantes venezolanos. La situación ha provocado, además, un aumento de los casos de violencia de género y el reclutamiento forzado de menores.
Mireille Girard, representante de Acnur en Colombia, indicó que esta crisis representa el mayor desplazamiento masivo desde que existen registros en el país.
“Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria“, aseguró.
Consecuencias de la violencia
El impacto de la violencia ha afectado gravemente a las comunidades indígenas Yukpa y Barí, que habitan en áreas disputadas entre Colombia y Venezuela. Además, los menores de edad se han visto severamente perjudicados. Ya que muchos de ellos han sido privados de educación debido a la huida de los docentes.
De igual manera, han quedado vulnerables a situaciones de violencia extrema, como el reclutamiento forzado. Aunque el Gobierno de Gustavo Petro decretó la conmoción interior en la zona y anunció nuevos impuestos para financiar la atención de los afectados, la situación sigue siendo crítica.
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— Entérate 24 (@enteratee24) February 16, 2025
Las Fuerzas Militares y la Policía han desplegado más de 9.400 efectivos en la región. Y se prevé el envío de 1.158 refuerzos, así como el arribo de nuevos efectivos de la policía. A pesar de estos esfuerzos, los resultados han sido limitados: 15 personas han sido capturadas, y solo dos guerrilleros del ELN se han desmovilizado.
Preocupación por falta de recursos
Por otro lado, las autoridades locales de municipios como Tibú, uno de los más afectados por el desplazamiento. Han expresado su preocupación por la falta de recursos. El alcalde de Tibú, Richard Claro, pidió apoyo al Gobierno Nacional, subrayando que el municipio ya atiende a 13.000 desplazados.
“Aunque hay presencia militar y se ha recuperado parte de la seguridad, se necesita una mayor intervención institucional para garantizar los derechos de la población civil“, enfatizó.
La situación sigue siendo extremadamente grave, y se teme que las capacidades de los gobiernos locales, ya sobrepasadas, no puedan hacer frente a la magnitud de la crisis. Según Girard, es crucial que el Estado brinde servicios y protección en la región. Y detenga las confrontaciones armadas para que las comunidades puedan vivir en paz.
El Gobierno Nacional se enfrenta a un reto urgente. No solo para restaurar el orden en la zona, sino también para evitar un mayor colapso en las condiciones de vida de los habitantes de El Catatumbo.
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