jueves, 06 agosto 2026

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    Guerra tecnológica en Colombia: ¿el Estado perdió el control?

    Lo que está ocurriendo en el Cauca y en gran parte del Pacífico colombiano ya no puede verse como hechos aislados ni como simples alteraciones del orden público. La guerra tecnológica cambió la forma en que operan los grupos armados ilegales y el Estado colombiano parece haberse quedado atrás mientras las disidencias avanzan en capacidad logística, criminal y militar.

    En menos de 24 horas el país fue testigo de ataques con drones con explosivos en zona rural de Jamundí y de un atentado frustrado en Santander de Quilichao, donde una aeronave cargada con artefactos cayó antes de cumplir su objetivo. De no haber fallado, hoy probablemente estaríamos hablando de una tragedia con víctimas civiles y uniformados muertos en el norte del Cauca.

    Juan Sebastián Fuentes analiza la guerra tecnológica y el conflicto armado en el Cauca
    Juan Sebastián Fuentes autor del editorial sobre el avance de la guerra tecnológica y el uso de drones con explosivos en el Cauca

    Lo más alarmante es que estas aeronaves no tripuladas ya no son utilizadas únicamente para vigilancia o inteligencia ilegal. Ahora son armas capaces de transportar explosivos y sembrar terror en poblaciones enteras. Mientras eso ocurre, el Gobierno Nacional continúa enviando mensajes ambiguos sobre seguridad, insistiendo en discursos optimistas que poco coinciden con la realidad que viven departamentos como el Cauca.

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    Menores de edad atrapados en la guerra tecnológica

    Pero existe un aspecto todavía más doloroso e indignante dentro de esta guerra tecnológica: detrás de estos ataques habría menores de edad reclutados ilegalmente por las disidencias de las Farc.

    Niños que deberían estar estudiando o construyendo un proyecto de vida, hoy son obligados en las montañas del Cauca a aprender a manipular drones para la guerra. Según las denuncias conocidas recientemente, varios menores estarían siendo instrumentalizados para operar drones con explosivos y participar en acciones criminales.

    El reclutamiento forzado no es nuevo en Colombia, pero la utilización de menores en operaciones tecnológicas marca un nivel aún más preocupante del conflicto armado. Estamos frente a una generación que no solo está siendo arrebatada de las aulas, sino que además está siendo entrenada para operar herramientas de muerte.

    Y lo peor es la normalización. El país escucha estas denuncias y sigue adelante como si se tratara de algo cotidiano. Como si fuera normal que niños terminen aprendiendo a lanzar explosivos en lugar de aprender matemáticas o ciencias.

    Una guerra tecnológica sin respuesta efectiva

    La falta de reacción efectiva del Estado es evidente.

    Hace más de un año el presidente Gustavo Petro anunció en Timbío inversiones para fortalecer sistemas inhibidores de drones y mejorar las capacidades de las Fuerzas Militares frente a esta amenaza. Sin embargo, según reconoció recientemente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esos proyectos ni siquiera cuentan con financiación asegurada.

    Es decir, mientras las disidencias de las Farc perfeccionan nuevas formas de atacar con drones con explosivos, el Estado continúa atrapado entre anuncios, discursos y promesas sin ejecución.

    La sensación en muchas regiones del Cauca es clara: el Gobierno Nacional perdió capacidad de anticiparse a la amenaza y hoy actúa más reaccionando a las tragedias que previniéndolas.

    Y aunque es importante reconocer esfuerzos de mandatarios regionales como el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quienes han destinado recursos para equipos inhibidores, la realidad es que ningún departamento tiene la capacidad presupuestal para enfrentar solo una amenaza de esta magnitud.

    El riesgo de acostumbrarnos al horror

    Lo verdaderamente peligroso de esta guerra tecnológica es que Colombia termine acostumbrándose.

    Que ver drones con explosivos sobrevuelando pueblos del Cauca se convierta en paisaje. Que escuchar sobre menores de edad reclutados ya no genere indignación. Que los atentados frustrados se transformen apenas en una noticia más dentro de la rutina informativa.

    Cuando un país normaliza que niños sean usados para la guerra y que grupos ilegales tengan más innovación que el propio Estado, el problema deja de ser únicamente de seguridad: se convierte en una derrota moral y social.

    Porque mientras las disidencias evolucionan, el Estado sigue llegando tarde.

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