lunes, 03 agosto 2026

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    Emboscada en Guaviare: relevo de cinco oficiales

    Cinco altos oficiales del Ejército Nacional los removieron de sus cargos como consecuencia directa de la emboscada perpetrada el pasado 27 de abril en San José del Guaviare, donde siete uniformados murieron y cinco más secuestrados temporalmente por estructuras del Estado Mayor Central, comandadas por alias ‘Calarcá’.

    La acción armada, que marcó un punto de quiebre en el proceso de cese al fuego con ese grupo insurgente, generó duras críticas a nivel nacional y desencadenó decisiones drásticas al interior de las Fuerzas Militares.

    Oficiales relevados de sus cargos

    Entre los oficiales relevados figuran el comandante de la Brigada 22 del Ejército, coronel Néstor Augusto Corzo; el jefe mayor y el oficial de operaciones de esa unidad, además del comandante del Batallón de Infantería No. 19 Joaquín París, teniente coronel Andrés Gabriel Cardona Nieto, y su jefe de operaciones.

    Pese a que en un primer momento el Estado evaluaba la posibilidad de mantener la tregua, la gravedad del ataque y la justificación emitida por las disidencias, que alegaron “legítima defensa” en un comunicado, llevaron al Gobierno a revertir su postura.

    Respuesta institucional contundente

    El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó desde Medellín que el cese al fuego con el grupo de alias ‘Calarcá’ no fue renovado y que, a partir del domingo 25 de mayo, se reanudan las operaciones ofensivas.

    “La orden es clara, ofensiva total con toda la capacidad del Estado para neutralizar la amenaza”, afirmó Sánchez en consejo de seguridad junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

    Voces de inconformidad ante los hechos

    En reacción al atentado, varios mandatarios locales también alzaron su voz contra los diálogos con ese grupo.

    La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, sostuvo que “mientras el Gobierno ofrece treguas, ‘Calarcá’ se fortalece, extorsiona y recluta menores”.

    A su vez, el alcalde de Mesetas, Julio César Torres, cuestionó la falta de claridad en las reglas de la negociación. “Nos tienen sometidos al ridículo. Ellos ordenan cierres de establecimientos y desplazamientos, y el Estado guarda silencio”.

    El episodio se ha convertido en un símbolo de las tensiones crecientes entre el Gobierno y las regiones. Las cuales  sufren la violencia directa de grupos armados, poniendo nuevamente en el centro del debate la viabilidad de los procesos de paz con estructuras que siguen delinquiendo activamente.

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