Juan Pablo García Jiménez, quien para la fecha de los hechos ejercía el cargo de escribiente del juzgado primero de familia en Popayán, lo condenaron a cinco años, y ocho meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la apropiación indebida de títulos judiciales por un monto superior a 76 millones de pesos.
La sentencia fue dictada por el juez octavo penal del circuito, quien también impuso una inhabilidad de igual duración para el ejercicio de cargos públicos y una multa equivalente a 58 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pruebas decisivas
La Fiscalía General de la Nación logró reunir pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad de García en el delito de peculado por apropiación.
Las investigaciones, lideradas por el CTI , evidenciaron que García se había apropiado de los recursos correspondientes a 81 títulos de depósito judiciales.
Estos títulos fueron entregados al escribiente para su revisión con el fin de establecer el destino de cada uno y su posterior destrucción, de acuerdo con las directrices establecidas en un acuerdo de enero de 2022. Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber, García transfirió los fondos a una cuenta personal de ahorros.
El modus operandi de Juan Pablo García, quien en la actualidad ejercía el cargo de oficial mayor en propiedad del juzgado segundo penal con función de conocimiento, fue descubierto gracias a una exhaustiva investigación del CTI.
García se entregó a las autoridades competentes el pasado 31 de julio de 2024 en el municipio de Silvia, en cumplimiento a una orden judicial.
Actualmente, el implicado se encuentra recluido en la cárcel de San Isidro de Popayán, bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), donde deberá cumplir la sentencia impuesta.
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