Exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla bajo medida de aseguramiento por escándalo en la UNGRD
Fiscalía avanza en el caso que compromete a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla
La Fiscalía General de la Nación dio un paso decisivo en el escándalo UNGRD al solicitar imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, vinculados a presuntas decisiones que habrían facilitado la asignación irregular de recursos públicos. El caso, considerado uno de los episodios más graves de corrupción en la UNGRD, vuelve a plantear quiénes serán responsables por el desvío de millonarios fondos destinados a la atención de emergencias en La Guajira.
Según reveló el ente acusador, la solicitud fue radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá y busca imputar cargos a los exministros del Interior y de Hacienda por presuntamente intervenir en autorizaciones críticas y desembolsos que habrían favorecido contratos cuestionados. Entre estos se encuentran los relacionados con la adquisición de carrotanques destinados a enfrentar la crisis hídrica en La Guajira, uno de los puntos más sensibles del caso carrotanques La Guajira.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para justificar la medida de aseguramiento a los exministros, debido a los riesgos procesales y la gravedad de los hechos atribuidos. Este avance se suma a la cooperación de varios exfuncionarios de la entidad, quienes han firmado preacuerdos que permitieron recuperar parte del dinero desviado.
El origen del escándalo se remonta a la administración de Olmedo López en la UNGRD, donde se habrían firmado contratos con sobrecostos de hasta el 30% y pagado coimas para direccionar adjudicaciones. Testimonios de exdirectivos —incluido el de un exsubdirector que admitió haber recibido sobornos— han sido determinantes para reconstruir el entramado interno que permitió la manipulación de los recursos.
La empresa privada contratista también está bajo investigación por diferencias millonarias entre el valor real de los carrotanques y el precio contratado, lo que refuerza la hipótesis de cooperación entre actores públicos y privados.
Mientras la justicia define el futuro judicial de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, el país sigue pendiente de un caso que dejó recursos desviados, obras incompletas y un impacto social profundo en comunidades vulnerables.
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