La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Reafirmó que el presidente Gustavo Petro no tiene la facultad para ordenar allanamientos a dispensarios médicos. Enfatizó la separación de poderes y las competencias exclusivas de la Fiscalía en materia de investigación penal. Este pronunciamiento lo hizo la fiscal Camargo durante la rendición de cuentas de su primer año al frente de la entidad.
“Es muy importante tener claro cuáles son las competencias de cada uno de nosotros y a dónde vamos“, declaró la fiscal Camargo.
Respondió así a las afirmaciones de Petro, quien sugirió allanar bodegas de medicamentos presuntamente acaparados. La fiscal recordó que la Constitución colombiana establece con claridad que solo la Fiscalía General puede ordenar y llevar a cabo actividades de investigación penal. La institución mantiene la titularidad exclusiva de la acción penal, garantizando que los procedimientos cumplan con la legalidad.
Alianza entre la Fiscalía y la Policía Nacional
Camargo también destacó la importancia de la colaboración entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Durante una reunión con el director de la Policía, el general Carlos Triana, ambas instituciones fortalecieron su alianza.
“Estuvimos hablando de las labores de coordinación que realizamos todos los días con nuestra policía judicial, con quienes tenemos la mejor de las alianzas“, aseguró la fiscal Camargo.
Explicó que este trabajo conjunto permite que las investigaciones sean más eficaces y respeten el marco legal.
#Atención | La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió al presidente Gustavo Petro y aclaró que la única entidad competente para investigar y ordenar allanamientos es la Fiscalía. En ese sentido, señaló que el Ejército no tiene facultades para allanar bodegas en el marco… pic.twitter.com/wHrzstyNTw
— La FM (@lafm) March 21, 2025
El debate sobre los límites de las competencias del Ejecutivo se intensificó tras las palabras del presidente Petro.
“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allanen bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población“, afirmó el mandatario.
Estas declaraciones generaron reacciones en diversos sectores. Diferentes expertos en derecho han cuestionado la viabilidad legal de la propuesta. Pues la ley establece que estas medidas solo pueden ser ordenadas por la Fiscalía y avaladas por un juez.
La postura de la ministra de Justicia
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, también intervino en el debate. Aclaró que los allanamientos a centros privados solo pueden realizarse con una orden judicial.
“Las diligencias de allanamiento en establecimientos privados o cerrados deben ser autorizadas por un juez, en cumplimiento del debido proceso“, afirmó la ministra.
Subrayó la necesidad de respetar el marco legal vigente y evitar decisiones que puedan vulnerar derechos fundamentales. Explicó que cualquier acción de esta naturaleza debe seguir el conducto regular y no responder a decisiones unilaterales del Ejecutivo.
#Atención | La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que los allanamientos a centros privados y cerrados solo pueden realizarse por orden de un juez competente. Esto en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre allanar dispensarios… pic.twitter.com/8fbtw9TYT4
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Camargo, en su balance de gestión, insistió en que el respeto por la independencia de la Fiscalía resulta fundamental para garantizar el Estado de derecho.
“Las competencias de investigación radican en la Fiscalía General de la Nación. Es la titular de la acción penal. Es la única que puede ordenar actividades de investigación y eso debe quedar absolutamente claro“, puntualizó.
En un contexto de tensiones entre diferentes ramas del poder público, la fiscal Camargo reafirmó el compromiso de la institución con la defensa de la institucionalidad. Reiteró que la Fiscalía seguirá ejerciendo sus funciones con autonomía. Todas sus actuaciones se llevarán a cabo con apego a la ley y a los principios constitucionales. Camargo concluyó que la claridad en las competencias de cada institución permite garantizar el respeto a la democracia y el adecuado funcionamiento del Estado.
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